viernes, 12 de febrero de 2010

Ahora Alan García quiere el desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas en beneficio de proyectos extractivos

Pueblos indígenas anuncian protestas y Gobierno insiste con su escopeta de dos cañones
VIERNES, 12 DE FEBRERO DE 2010 16:03
Tomado de http://www.alertaperu.org
Para no creer. Con respecto a su política para los pueblos indígenas, el Gobierno insiste en borrar con una mano lo que hace con la otra. Esta semana retrocedió, después de tres años, en su incomprensible decisión de rebajar el rango del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) y por fin lo volvió a convertir en lo que era inicialmente: una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero el mismo día envió al Congreso un proyecto de Ley para facilitar el desplazamiento forzado de personas que vivan en lugares donde se vayan a realizar megaproyectos “primordiales”, lo que ha causado gran preocupación en comunidades indígenas y campesinas afectadas por proyectos de minería, petróleo, carreteras e hidroeléctricas. En el marco de estas contradicciones gubernamentales, los pueblos indígenas y los ronderos de la región nororiental han convocado a una jornada de lucha para el 22 de febrero, exigiendo el fin de la persecución contra sus líderes y rechazando una serie de proyectos extractivos en sus territorios.
El miércoles 10 de febrero, el Ejecutivo dictó el Decreto Supremo 022-2010-PCM en el que adscribe el INDEPA a la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿De qué oficina dependía esta entidad hasta ahora? Del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). ¿Cómo así? El INDEPA fue creado por Ley del Congreso el 2005 y su función era “la promoción, defensa, investigación y afirmación de los derechos y desarrollo con identidad” de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Para cumplir a cabalidad con esa función, tenía rango de Ministerio y estaba adscrito a la PCM. No era una institución perfecta, pero era un avance. A pesar de ello, y para sorpresa de los propios pueblos indígenas, en febrero del 2007 el Gobierno decidió rebajarlo de rango, restarle presupuesto y adscribirlo al MIMDES. El resultado: el INDEPA ha estado ausente durante todo el conflicto amazónico y ha sido incapaz de cumplir su función. Con su decisión de esta semana, el Gobierno parecería querer recuperar el tiempo perdido en su relación con los pueblos indígenas.
Sin embargo, el mismo miércoles 10 de febrero el mismo Ejecutivo, conformado por el mismo Presidente y el mismo Premier, enviaron al Congreso el proyecto de Ley 3917 que busca facilitar el desplazamiento forzado de personas en beneficio de proyectos “de interés público o primordial”. El proyecto modificaría la ley vigente sobre desplazamiento de personas, Ley 28223, detallando el procedimiento mediante el cuál el Estado puede autorizar el desplazamiento forzado, decisión que estaría en manos del MIMDES. Es imposible no interpretar este proyecto de Ley a la luz de los numerosos megaproyectos de carreteras, energía y extracción de recursos que están ejecutándose o por ejecutarse en la selva peruana, así como también en la sierra. A pesar de que el proyecto asegura que, en caso de pueblos indígenas, el procedimiento se adecuaría a las normas internacionales, Asunta Santillan Bartra, de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advirtió que se pone el énfasis en la celeridad administriva, lo que podría “desnaturalizar al proceso de consulta”.Esta misma semana se hizo pública una flamante alianza entre organizaciones indígenas y ronderos de seis regiones del norte: Amazonas, Piura, Cajamarca, San Martín, La Libertad y Lambayeque, que han conformado una Coordinadora Macro-regional y han convocado a una movilización para el 22 de febrero. Entre sus demandas está el rechazo al informe que consideran sesgado de la Comisión oficial de Investigación sobre los hechos de Bagua. Además, exigen el fin de la persecución judicial contra sus líderes y la libertad de numerosos detenidos. También rechazan una serie de polémicos proyectos extractivos que vienen generando alta conflictividad en sus territorios, en particular las minas La Zanja y Río Blanco y la petrolera Hocol.