Hugo Blanco y Lucha Indígena convocan a la solidaridad urbana con las luchas rurales

En defensa del agua y la vida

La minería ataca el agua y la vida

Quita el agua a la pequeña agricultura que nos provee de alimentos sanos y la envenena provocando la muerte de plantas, animales y seres humanos.

Los principales casos actuales son:

El proyecto Conga, en Cajamarca, que intenta arrebatar sus lagunas al pueblo cajamarquino, de las cuales las familias obtienen el agua para beber así como para sus actividades productivas en agricultura, ganadería y forestería. Debido a tal amenaza, se programó un paro y una marcha para el 9 de noviembre.

Desde el 5 de noviembre la población de Andahuaylas efectiviza un paro indefinido en contra de la actividad minera en cabeceras de cuenca, bloqueando la carretera hacia Abancay.

En Tacna y Moquegua la contaminación afecta incluso a la población urbana en forma directa.

Espinar, Cusco y Apurímac están afectados por la compañía Xstrata.

También en la provincia de Chumbivilcas los pobladores han tenido enfrentamientos con la Policía Nacional que actúa al servicio de las empresas.

La Minera Tía María insiste en entrar a Cocachacra.

El arrasamiento de la selva de Madre de Dios por las empresas lavadoras de oro es otra consecuencia dolorosa de la acción ecocida de la minería.

Otra enemiga del agua y de la vida es la agroindustria

ADEX, la asociación de los empresarios exportadores peruanos, señala como un ‘triunfo’ el hecho que la agroexportación haya arrebatado el 10% del territorio agrícola dedicado a alimentar a nuestro pueblo; y exige además que se siga aplicando la legislación antilaboral que el gobierno le ha obsequiado, para continuar arrebatando territorio a la pequeña agricultura.

La agroindustria es enemiga de la naturaleza por varias razones: el cultivo de espárragos y alcachofas para enviar a EEUU absorbe mucha agua, quitándosela a los cultivos de vegetales que nos alimentan. Usa el monocultivo, que es enemigo de la naturaleza. Usa agroquímicos: fertilizantes, insecticidas y herbicidas que matan el suelo cultivable, matan a las aves que se alimentan de insectos y plantas, matan a los trabajadores que manipulan los agroquímicos venenosos .Además, arrebata el agua de la pequeña agricultura que nos alimenta en forma sana. Es el caso de Espinar, a cuyos agricultores pretenden reducirles la provisión de agua para usar el líquido vital en la irrigación de las pampas de Majes en beneficio de la agroindustria.

Las centrales hidroeléctricas también roban el agua

Lo hacen para dotar de energía a las minas; contra ese atropello lucha la provincia de Canchis, en el Cusco.

El proyecto hidroeléctrico de Inambari amenaza con el desalojo a miles de campesinos de tres departamentos, para dar electricidad a multinacionales con sede en Brasil. Afortunadamente, dicho proyecto ha sido anulado gracias al combate de los indígenas de Carabaya, en Puno.

El ataque es también a las poblaciones urbanas

Los primeros afectados por la minería son los pueblos campesinos, quienes entregan su vida en defensa de la naturaleza, como lo hemos visto en Bagua, en Islay y en el aeropuerto de Juliaca. Pero hemos visto también que ciudades como Tacna y Moquegua son afectadas en forma directa por el envenenamiento de las aguas de consumo humano. Lima está comenzando a ser afectada, aunque esto no se publicita.

Toda la población urbana es fuertemente afectada por el robo del agua a la pequeña agricultura, pues esta es fuente de alimentación sana.

Cuando ya no exista pequeña agricultura, las ciudades tendrán que alimentarse de los productos de la llamada “industria alimentaria”, que ahora ya nos da a ingerir transgénicos cuando comemos pollo y otras carnes de animales alimentados con maíz transgénico; o cuando usamos aceites que son hechos de ese maíz.

No vamos a tener otra opción que ingerir transgénicos y químicos, que dan mucho dinero a las empresas productoras a las cuales no les importa que maten a los consumidores. En la población urbana peruana hay muy poca conciencia de esto, por eso se muestra indiferente respecto de las luchas de los campesinos por el agua y la vida.

En cambio en Chile sí hay gran conciencia. Por eso, en forma paralela a la actual lucha estudiantil se dieron manifestaciones multitudinarias en defensa del medio ambiente. Hubo miles de personas en Santiago, Valparaíso, Concepción y otras ciudades diciendo ¡NO! a la construcción de centrales hidroeléctricas en la Patagonia, cerca al polo sur. Triunfaron, no se construirán esas hidroeléctricas.

Es nuestra obligación y nuestro interés comenzar a construir la solidaridad urbana en Lima con las luchas rurales en defensa del medio ambiente y los recurso naturales que se desarrollan en nuestro país.

Por ello, convocamos a la reunión fundacional que realizaremos el sábado 12 de noviembre, desde las 5 pm, en Jr. Camaná 983, interior 208, domicilio de Enrique Fernández, teléfono 3304925.

Por Lucha Indígena

Hugo Blanco

Repudio mundial al Presidente indígena que reprime a otros indígenas en Bolivia

COICA

COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS DE LA CUENCA AMAZÓNICA

RECHAZAMOS REPRESIÓN A LA MARCHA DE CIDOB

MOVILIZACIÓN MUNDIAL EN SOLIDARIDAD CON LA LUCHA INDÍGENA DEL TIPNIS

En estos días se han vivido momentos de tragedia para los pueblos indígenas del mundo. Un presidente indígena ordena la masacre de otros indígenas, de las tierras bajas y organizadas en CIDOB. Niños y mujeres golpeados, cientos de dirigentes perseguidos y encarcelados.

¿Hay algo tan importante en juego como para llegar a este extremo absurdo? ¿Vale tanto una carretera como para herir de muerte la esperanza de nuestros pueblos y destruir en un día la construcción de un estado verdaderamente plurinacional?

Rechazamos profundamente esta represión, la obsesión por imponer una carretera, los intereses mezquinos de empresarios brasileños dispuestos a atropellar todo por simples negocios, la ceguera de dirigentes que se comportan como “colonizadores”, irónicamente a nombre de una “descolonización”.

Respaldamos una vez más la lucha de CIDOB y la justeza de sus demandas para que esa carretera no atraviese el “Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure” (TIPNIS) sino que cambie de ruta y pase por su costado, y no afecte la vida, el ambiente y la salud de los pueblos genas.

Algo viable de hacer, un simple desvío, y salvamos la pervivencia de los pueblos indígenas y la naturaleza a la cual estamos unidos. El Buen Vivir no tiene nada que ver con la depredación y corrupción de los cocales ni con carreteras para fomentarlas.

Encima de la represión, ahora viene la burla de un supuesto “referendo” manipulado, donde los cocaleros que quieren invadir y colonizar las tierras bajas van a votar y hacer “ganar” a la carretera.

Denunciamos la violación del Convenio 169, de la Declaración de la ONU sobre derechos indígenas y de la Constitución boliviana, al imponer a sangre y fuego la destrucción del territorio y naturaleza indispensables para la pervivencia de los pueblos del TIPNIS.

Llamamos a las organizaciones indígenas del mundo a solidarizarse en forma activa y concreta con la Marcha Indígena de CIDOB. Está en juego la continuidad histórica de los pueblos indígenas y del proceso de efectiva descolonialidad de Bolivia. Si el gobierno lo abandona por el neo desarrollismo extractivista y los negociados con capitales brasileños, los pueblos indígenas retomarán el camino y una batalla central es sobre el TIPNIS.

No puede ni debe triunfar un gobierno que retrocede y traiciona los mandatos de un pueblo. Deben avanzar quienes siguen firmes y profundizando los cambios sociales para que el Buen Vivir de armonía entre sociedad, naturaleza y cultura, pase del discurso a la práctica.

Llamamos a nuestros hermanos del mundo a las siguientes acciones:

a) Cartas al gobierno boliviano, de respaldo a la plataforma de CIDOB y que se desvíe esa carretera.

b) Cartas al gobierno brasileño, para que deje de ser cómplice con este etnocidio, y que el banco (BNDES) y constructora (OAS) acepten desviar la carretera.

c) Plantones ante las embajadas de Bolivia en sus países, con las mismas demandas.

d) Hacer llegar a CIDOB la ayuda material necesaria para detener los abusos del poder estatal.

e) Organizar una Misión Indígena internacional hacia Bolivia, liderado por el Foro Permanente de la ONU, el Relator Especial para Minorías Étnicas de las Naciones Unidas de manera de apoyar en el terreno a que se atiendan las justas demandas de los pueblos indígenas movilizados.

f) Demandas internacionales (CERD, CIIDH, OIT, ONU) por los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Bolivia.

“LA SALVACIÓN DEL PLANETA ESTÁ EN LA SABIDURÍA ANCESTRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA AMAZONÍA”

¡El TIPNIS se defiende y no se vende!

Mayor información comunicarse con Sra. Eliana Rioja del Departamento de Comunicación de CIDOB, al número de celular 00591-72653034. Correos: com@coica.org.ec / cidob@cidob-bo.org

Tambogrande, Huancabamba e Islay votan por un país solidario y gobernado por sus propios pueblos

Voto por Cocachacra

Por: Hugo Blanco

Cocachacra (Islay) acaba de enseñarnos la correcta actitud política que los peruanos debemos adoptar si queremos salvar al país de la depredación de la naturaleza matando la agricultura y sumiendo a nuestro pueblo en la miseria.

Con acciones, no con palabras, ha manifestado:

¡Acá no manda la Southern ni su sirviente el gobierno peruano! ¡Acá manda democráticamente la asamblea de los pobladores de Cocachacra!¡Vida sí, mina no!

Y triunfó, aunque le costó 3 muertos y más de 50 heridos.

Fueron persistentes, no quisieron “ir a Lima para conversar con el gobierno”, no por soberbios, sino por el criterio democrático de que es la asamblea la que debe decidir y no los dirigentes. Respondieron: “que vengan acá”, a conversar con la asamblea.

Les pidieron “tregua hasta después de las elecciones”, correctamente se negaron a aceptar la engañosa “tregua”.

Es cierto que ellos decían que su lucha no era “política”, porque el pueblo peruano ha sido domesticado en que su única participación política debe ser “votar en las elecciones” y después dejar la política en manos de los “políticos profesionales” que seguirán defendiendo a los opresores.

El diccionario dice que política es cómo gobernar una sociedad, y esa es la lección que acaba de darnos Cocachacra: es la sociedad en su conjunto la que debe gobernarse a sí misma.

¿Quién gobierna el Perú?

Los que lo gobiernan no son los que el Perú “elije”. Los verdaderos gobernantes son las voraces compañías multinacionales, a las que no les interesa un comino la población peruana ni la naturaleza. Se dedican a saquear nuestros “recursos naturales”, mediante la extracción del petróleo depredando la selva y contaminando sus ríos; depredando la sierra con la minería a tajo abierto, robando el agua de la agricultura y envenenándola; robando el agua y alterando la hidrografía para la construcción de hidroeléctricas para la minería (piensan desalojar miles de indígenas y campesinos de tres departamentos para construir una represa que dote de electricidad a empresas establecidas en Brasil); instalando empresas agroindustriales que depredan el suelo con el monocultivo y el uso de agroquímicos, cultivando no para alimentar al Perú sino para exportar, cultivando agrocombustibles para alimentar a los carros, no a la gente; superexplotando a los obreros agrícolas.

Esas empresas tienen a su servicio a gobiernos, a la mayoría parlamentaria, a los grandes medios de comunicación (televisión, radio, prensa escrita), al ejército, a la policía (que acaba de asesinar impunemente a tres en Islay).

A todo eso llaman “progreso”, “el Perú avanza”. Y nos muestran cifras macroeconómicas de lo bien que está el Perú económicamente. Pero cuando vemos la situación de hambre, miseria y desocupación de la población entendemos lo que ese “progreso” significa: saqueo de nuestras riquezas por las grandes compañías multinacionales (la bendita “inversión extranjera”), depredación de la naturaleza, aumento de la desocupación y el hambre de nuestro pueblo.

¿Quién ha de gobernar el Perú?

Ninguno de los cinco candidatos que están a la cabeza de las encuestas denuncia lo arriba expuesto ni dice que hay que acabar con eso.

Humala tímidamente ha dicho que respetará el derecho de consulta de los pueblos y que gravará a las empresas extractivas. Eso ha causado la furia del sistema que se lanza ferozmente contra él usando los grandes medios de comunicación en sus manos, acusándolo de “estatista” (él no ha planteado ni siquiera una tímida estatización). Alan García dice que cuatro candidatos (Kuczynski, Castañeda, Toledo y Keiko) continuarán su “correcta política de progreso”. Toledo lo llama “salto al vacío”. El gran capital siembra el miedo para que se mantengan inalterados sus privilegios.

Después de las elecciones

Lo que debemos hacer es aprender la lección que nos ha dado Cocachacra: “la lucha es el camino”.

Actualmente está luchando el pueblo de Espinar por defender el agua de la agricultura contra el robo del gobierno para la agroindustria, está luchando Canchis contra la hidroeléctrica de Salkapucara para la minería, están luchando los agricultores de Puno, Madre de Dios y Cusco contra la represa de Inambari que dará electricidad a capitalistas en Brasil, está luchando la población de Puno contra la minería, están luchando los amazónicos contra la contaminación del río Marañón, y muchos otros más.

Esperamos que esos luchadores se sientan fortalecidos e impulsados por el triunfo de Cocachacra, que coordinen entre sí.

Quien sea que entre al gobierno reprimirá al servicio de los grandes capitales.

Probablemente si entra Humala le costará más, ya que la gente que quiere el cambio es la que ha de votar por él, pero también lo hará y así la gente aprenderá que sólo puede confiar en ella misma como lo hizo Cocachacra.

Cuando el Perú entero actúe como Cocachacra, conseguiremos el triunfo. Por eso: ¡Voto por Cocachacra!

10 de abril de 2011

Las empresas no sino el Estado es el obligado a efectuar la consulta previa a las comunidades afectadas por los proyectos y políticas de desarrollo

Perú: ¿Quién debe consultar a los pueblos indígenas?

Algunos comentarios sobre la ordenanza Nº 108-2011 del Gobierno Regional de Junín.

Por Adda Chuecas Cabrera*

30 de marzo, 2011.- Hace dos semanas salió publicada en El Peruano una ordenanza del Gobierno Regional de Junín que declaraba de interés, utilidad pública y necesidad regional la inversión privada, estableciendo compromisos para el desarrollo de sus actividades en la región Junín.

En un primer momento diversas organizaciones indígenas y sectores de la sociedad civil saludaron la norma. Como precedentes favorables estaban la implementación por parte de ese gobierno de una serie de políticas a favor de algunos sectores históricamente excluidos y la creación de espacios de diálogo y concertación tales como la creación del Consejo Regional de la Mujer, la elaboración y aprobación del Plan Regional de Derechos Humanos de Junín y la creación de la Subgerencia de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas en la estructura del Gobierno Regional. Todo ese proceso efectuado de manera participativa y concertada con las organizaciones indígenas de la selva central.

Entendemos que la aprobación de la Ordenanza Regional N° 108 – 2011 se da en el marco de una voluntad de reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas andinos y amazónicos. Sin embargo, al emitirse la presente ordenanza, el Gobierno Regional de Junín ha omitido consultar a los pueblos indígenas sobre dicho proyecto de ordenanza, conforme lo establece el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 19 de la Declaración de Naciones Unidas.

Este derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que les puedan afectar no solo es un imperativo del Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas, también debe ser parte de la gobernabilidad democrática en la región, que priorice el diálogo y la concertación entre el Gobierno Regional y los ciudadanos.

El derecho a la consulta: un derecho fundamental

En el caso de los pueblos indígenas el derecho a la consulta se constituye en un derecho fundamental que les permite proteger su identidad cultural, social, económica, la protección de sus territorios y recursos naturales. Como bien lo señala el Convenio 169, el derecho a la participación y consulta se fundamenta en el reconocimiento a las aspiraciones de estos pueblos a asumir el control de sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya menciona que:

“39. …, el Convenio Nº 169 de la OIT exige a los Estados celebrar consultas de buena fe con los pueblos indígenas con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr su consentimiento sobre los aspectos de los planes o proyectos de gestión que los afecten, e insta a los Estados a que celebren consultas con las comunidades indígenas en relación con contextos diversos (arts. 6, párrs. 1 y 2; 15, párr. 2; 17, párr. 2; 22, párr. 3; 27, párr. 3; y 28). De hecho, un comité tripartito del Consejo de Administración de la OIT afirmó que: “el espíritu de consulta y participación constituye la piedra angular del Convenio Nº 169 en la que se fundamentan todas las disposiciones del mismo”. (1)

Al respecto en el Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, de fecha 16 febrero 2011, señala:

“…, la Comisión concluye que el Convenio requiere, en primer lugar, que se realicen consultas en profundidad con las instituciones representativas de los pueblos indígenas y tribales y que después se hagan los esfuerzos necesarios, en la medida de lo posible, para encontrar soluciones conjuntas, ya que esto es la piedra angular del diálogo. También constituye una herramienta importante para alcanzar un desarrollo sostenible.” (2)

Asimismo, advertimos que en relación al tema de la consulta previa, en sus considerandos la ordenanza N° 108 -2011 sólo hace mención al Convenio 169 de la OIT. Al respecto debemos recordar que la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 13 de setiembre del 2007, aprobó la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, siendo el Perú uno de los países que impulsó y promovió su aprobación. Dicha Declaración forma parte de los instrumentos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas, el cual no debería ser dejado de lado. James Anaya, Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, al referirse al valor jurídico de la Declaración de Naciones precisa que:

43. La Declaración de las Naciones Unidas pone de manifiesto el consenso internacional que existe en relación con los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas en un modo que es congruente con las disposiciones del Convenio Nº 169 de la OIT y que las enriquece, así como con otras disposiciones, incluidas las interpretaciones hechas respecto de otros instrumentos de derechos humanos por los organismos y mecanismos internacionales. Como la expresión más autorizada de ese consenso, la Declaración establece un marco de acción para la protección y aplicación plenas de esos derechos. (3)

La consulta es un deber de los Estados, no de las empresas

Llama nuestra atención el contenido del Artículo Tercero de la Ordenanza N° 108 -2011, que si bien hace referencia a la Consulta, ésta no sería entendida en su real dimensión. Conforme a está redactada se podría inferir que son las empresas concesionarias las que deben cumplir con efectuar de manera directa la consulta a los pueblos indígenas, cuando ellas no tienen tal atribución. El Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, establecen el deber de los Estados de efectuar dichas consultas. Es el Estado peruano y sus diferentes niveles de gobierno, quienes se obligan a su cumplimiento, y a respetar y cumplir los acuerdos derivados de la consulta.

Así redactado dicho Artículo Tercero se desnaturaliza el derecho a la consulta, conforme lo dice James Anaya:

“6. La obligación de los Estados de consultar a los pueblos indígenas con carácter previo a la adopción de medidas legislativas, administrativas o políticas que afecten directamente sus derechos y sus intereses está firmemente asentada en el derecho internacional de los derechos humanos. El incumplimiento de la norma de consulta, o su realización sin observar sus características esenciales, compromete la responsabilidad internacional de los Estados.” (4)

Entender la consulta: propuestas para selva central

Creemos necesario que con la participación y consulta a los pueblos indígenas de Junín, se proceda a la modificación del artículo tercero de la mencionada ordenanza a fin de que guarde correspondencia con la obligación del Estado de efectuar la consulta a los pueblos indígenas. De manera complementaria al artículo cuarto, se exprese en la ordenanza la voluntad del Gobierno Regional de implementar políticas públicas que aseguren el goce efectivo de la propiedad territorial por los pueblos indígenas y sus miembros, procediéndose como primera acción a la titulación y ampliación de los territorios de las comunidades nativas de la selva central de Junín, aún pendientes de atención.

A fin de facilitar este proceso consideramos de suma importancia fortalecer el funcionamiento del Consejo Regional de Pueblos Indígenas de Junín Selva Central – CORPISEC, que ha tenido un rol destacado como ente de articulación y concertación entre las organizaciones indígenas de la selva central, y que ha permitido implementar políticas interculturales por parte del gobierno regional.

En este proceso de diálogo y concertación con las organizaciones indígenas se debe permitir que recobre vigencia la creación de un área especializada para tratar la problemática de estos pueblos, logro que se ha visto truncado al anularse la reestructuración del gobierno regional, la cual creaba la Sub Gerencia de Comunidades Campesinas y Comunidades Nativas.

Es necesario destacar que la finalidad del derecho a la consulta es asegurar la participación de los pueblos indígenas en los espacios de toma de decisión para que puedan decidir cuáles son sus prioridades de desarrollo. El Derecho a la Consulta constituye la piedra angular que ayudará a que se pueda desarrollar y efectivizar otros derechos establecidos en el Convenio (tierra, territorios, desarrollo, educación, salud etc.). La consulta se considera una forma clave de diálogo que sirve para armonizar los intereses contrapuestos y evitar, así como también, resolver conflictos.

Notas:

(1) Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. A/HRC/12/34 15 de julio de 2009.

http://unsr.jamesanaya.org/esp/annual-reports/informe-del-2009-al-consejo-de-derechos-humanos

(2) Ver: Página 865, sobre pueblos indígenas y tribales. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—relconf/documents/meetingdocument/wcms_151559.pdf

(3) Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. A/HRC/9/9, 11 de agosto de 2008.

http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/annual/2008_hrc_annual_report_sp.pdf

(4) La situación de los pueblos indígenas en Chile: seguimiento a las recomendaciones hechas por el Relator Especial anterior . A/HRC/12/34/Add.6, 5 Octubre, 2009. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya.

http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/countries/2009_report_chile_sp.pdf

* Adda Chuecas es Directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)

García envía a las FFAA para proteger a la Southern Cooper Corporation contra la voluntad del pueblo de Islay que no quiere minería en su territorio

Gobierno trata de imponer proyecto Tía María a la fuerza

JUEVES, 31 DE MARZO DE 2011

El Gobierno central nuevamente trata de imponer sí o sí el proyecto minero Tía María pese a que la población de Islay ya se pronunció en contra de la ejecución de actividades mineras en esa localidad de Arequipa, así lo aseguró Felipe Cortez Ceballos, dirigente nacional de Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERU).

En diálogo con Radio Yaraví de Arequipa, Cortez Ceballos explicó que el gobierno está dando todos los pasos para imponer el proyecto minero, incluso a través del uso de la fuerza y por ello se ha enviando un fuerte contingente de policías y se dispuso la intervención de las fuerzas armadas.

El dirigente de CONACAMI PERU señaló que el gobierno no tiene ninguna intención de respetar la decisión de la población que en setiembre del 2009 se pronunció en contra del proyecto minero a través de una consulta vecinal, en la que el 97% de los votantes le dijo no a la minería.

De otro lado, dijo que se ha demostrado que el proyecto minero es inviable y así lo demuestran las más de 3 mil observaciones al Estudio de Impacto ambiental presentadas por el municipio distrital de Cocachacra y el informe de de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), que señala 138 deficiencias en el mismo.

Recordó que entre las principales observaciones se encuentra la afectación de los recursos hídricos en el Valle de Tambo, los mismos que se verán afectados por la explotación minera, lo que finalmente repercutirá también en la producción agrícola de esa zona de Arequipa.

Finalmente, dijo que CONACAMI PERU ha hecho un llamado al gobierno para que se respete la decisión del pueblo, poniendo como prioridad la salud, territorio y medio ambiente de la comunidad en vez de los intereses de las empresas.

Área de Comunicaciones

CONACAMI PERU

Hugo Blanco celebra el ejemplo de los pueblos indígenas del Cauca e invoca a la solidaridad con sus luchas en Colombia

El mundo tiene mucho que aprender del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)

Hace pocos días los indígenas del Cauca celebraron los 40 años de existencia de su organización, «Semilla de Unidad, Organización y Fortalecimiento Cultural».

No es que los indígenas del Cauca sean una excepción, al contrario, tienen los mismos principios que los indígenas de todo el mundo: Amor y respeto por la Madre Naturaleza. Los asuntos que atañen a la colectividad no los resuelve el individuo sino la colectividad. Debemos ser profundamente solidarios en el trabajo, con la comida, en el combate a las enfermedades, etc. Gran amor por los antepasados y descendientes, tenemos que aprender de nuestros predecesores y debemos preocuparnos por el mundo que hemos de heredar a nuestros descendientes. Los pueblos somos diferentes en idioma, en forma de vestirnos, en comidas, etc., pero debemos respetarnos en nuestras diferencias.

Donde hay indígenas, ellos están agrupados en colectividades democráticas, horizontales, en las que no manda un jefe sino la colectividad.

Lo que hace especialmente importante al CRIC es que constituye una colectividad de colectividades, miles de personas están organizadas colectivamente. Así lucharon y triunfaron en el rescate de la tierra. Pero no es sólo eso, como están orgullosos de ser indígenas, reivindican su cultura, sus principios, en la organización del trabajo, en el cuidado de la salud, en la educación, etc., en permanente lucha contra el sistema imperante que pretende aplastar las culturas indígenas.

Trabajan la tierra en forma colectiva, la atención de la salud tiene realmente el objetivo de curar, no de dar ganancias a los laboratorios y a las clínicas como en la sociedad de consumo.

La educación tiene el objeto de preparar para la vida a los educandos, no es un negocio al servicio de la sociedad de consumo. Es por eso que en lucha contra el sistema plantean que las vacaciones tienen que coincidir con las épocas de siembra y de cosecha, puesto que los alumnos deben participar en ellas, lo que forma parte de su educación, ya que consideran que el trabajo agrícola es importante y necesario y no piensan que dejar de ser campesino es “superarse”.

Existe una red de 10 emisoras indígenas del Cauca que conforman la Red-AMCIC (Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia). El tejido de comunicaciones de la ACIN es parte de esa red, está conformado por un ejemplar equipo de jóvenes que además edita buen material educativo.

Naturalmente que tienen muchas contradicciones con los gobiernos colombianos que han matado a muchos valientes impulsores del CRIC.

Como viven en un país en guerra interna, sufren los ataques de los contendientes, no pueden estar armados pues les acusan de ser miembros de las FARC o del ELN. Sin embargo, su guardia indígena, elegida por la población y no armada, infunde mucho respeto en su tarea de velar por el orden público.

Ejercen gran autonomía, naturalmente limitada por los gobiernos de los opresores.

Ha sido ejemplar su lucha por la recuperación de tierras. Ahora es ejemplar su autogobierno.

Su autogobierno, el Consejo Regional Indígena del Cauca está constituido por nueve miembros, uno por cada una de las zonas que lo constituyen. Ninguno de ellos es ‘jefe’, todos tienen igual importancia. Se renuevan cada dos años. Esta prohibida la reelección.

No existe ningún personaje, todos son personas.

Es una forma de gobierno completamente diferente al de las llamadas «democracias occidentales» que están gobernadas por los defensores del gran capital y al pleno servicio de él, deteriorando la naturaleza y aplastando a la humanidad.

Quienes luchamos por «otro mundo», tenemos la obligación de difundir esta experiencia de construcción de un tipo de sociedad solidaria, no mercantil, respetuosa de la Madre Tierra, horizontal, sin ‘jefes’.

Si no retornamos a la ética indígena de amor a la naturaleza, de que es la sociedad quien debe gobernarse a sí misma, de amor a nuestros descendientes, de profunda solidaridad humana, nuestra especie no vivirá 100 años más, extinguida por el calentamiento global y otras formas de deterioro de la naturaleza provocadas por el gran capital. Los amos del mundo saben esto pero no les importa, lo único que les interesa es ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible.

Invito a que conozcamos más la práctica del CRIC, a que veamos y mostremos que ese «otro mundo» es posible y ya existen los embriones de él.

Además, es nuestra obligación mostrar nuestra solidaridad con el CRIC en diferentes formas.

Espero que seamos cada vez mayor número los que lo hagamos.

Hugo Blanco

Marzo del 2011

Ver:

http://cric-colombia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=81

http:/www.cric-colombia.org

CAOI denuncia espionaje de la Embajada de Estados Unidos a las organizaciones indígenas en Perú

Carta a Embajada de los Estados Unidos en Lima

CAOI INFORMA.-

Estimad@s amig@s:

Con relación a la nota publicada en la página 6 de la edición del domingo 13 de febrero del diario El Comercio, basada en documentos divulgados por Wikileaks, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) ha remitido una carta a la Embajadora de los Estados Unidos en Lima, Rose M. Likins, que les entregamos en documentos adjuntos y copiada debajo.

Muchas gracias,

Comunicaciones CAOI

Lima, 14 de febrero de 2011.

Señora:

Rose M. Likins

Embajadora de los Estados Unidos en Lima

Presente.-

De mi consideración:

Reciba el cordial saludo de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), instancia de coordinación de las organizaciones indígenas de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina.

Me dirijo a usted con relación a la nota publicada el domingo 13 de este mes en la página 6 del diario El Comercio bajo el titular “Venezuela citó a Humala para coordinar anticumbre”, tomando como fuente los documentos de las embajadas en el Perú divulgados por Wikileaks.

Al respecto, solicitamos a usted que nos explique por qué nuestras actividades públicas han sido objeto de seguimiento y espionaje, cuyos resultados han servido de fuente para un informe tergiversado y sin sentido. Si alguna información era requerida sobre la Cumbre de los Pueblos, calificada de “anticumbre”, ésta debió ser solicitada directamente a la CAOI por los canales institucionales y se la hubiéramos brindado. No ocultamos nada ni hacemos algo fuera de lo legal y legítimo en nuestras organizaciones.

En relación a ese contenido de Wikileaks divulgado por el diario El Comercio, debo precisar:

1. La Cumbre de los Pueblos realizada en mayo del 2008 en Lima fue organizada por un conjunto de organizaciones sociales (gremiales, sindicales, de mujeres, de jóvenes, indígenas, campesinas, etc.) que para el efecto llevaron adelante un proceso de articulación. Atribuirme la calidad de “principal organizador” es un exceso, ya que solo cumplí las funciones de Coordinador General de ese espacio de articulación.

2. El señor Ollanta Humala no participó en este proceso de articulación y organización de la Cumbre de los Pueblos.

3. En el proceso de organización de la Cumbre de los Pueblos, la Comisión organizadora sostuvo una reunión informativa con los embajadores de los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe en Lima. Ustedes no asistieron.

4. La Cumbre de los Pueblos fue espacio abierto para todos los que quisieran expresarse. No fue un escenario de confrontación ni mucho menos violento. Sus conclusiones fueron entregadas por una comisión de las organizaciones sociales a la IV Cumbre de América Latina, la Unión Europea y el Caribe.

5. Con relación a las supuestas coordinaciones con el gobierno de Venezuela, precisamos que como organización social mantenemos nuestra autonomía e independencia frente a todos los gobiernos. En particular, constatamos que algunos gobiernos latinoamericanos llamados “progresistas” vulneran día a día los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por tratados internacionales. Esa postura como pueblos indígenas es clara y pública.

6. Lo preocupante de las revelaciones de Wikileaks es que continúa el espionaje y la intromisión de países extranjeros en asuntos internos del Perú, con el aval y la colaboración de autoridades del gobierno peruano, lo que trae como consecuencia la estigmatización y criminalización de los movimientos sociales en general e indígena en particular. Y que los medios de comunicación hagan eco de estos hechos, no denunciándolos sino sumándose a esa estigmatización.

Por la seriedad que su gestión significa y el respeto a nuestra institución, le ruego responder a la presente carta.

Atentamente,

Miguel Palacín Quispe

Coordinador General CAOI

DNI N° 04001119

Elecciones en el Perú: responsables de despojos territoriales y represión hoy ofrecen respetar los derechos indígenas

Por: Miguel Palacín Quispe*

En el Perú, como en todo el Abya Yala, los pueblos indígenas siempre fuimos invisibles para los Estados. Excluidos de las políticas públicas, se nos negaba incluso el derecho al voto. Fue la Constitución de 1979 la que eliminó esta vergonzosa restricción. Pero también la que nos encasilló como “comunidades campesinas” y “comunidades nativas”, pretendiendo despojarnos de nuestra identidad indígena, originaria, ancestral, diciendo muy poco de los derechos que como pueblos nos corresponde.

Cuando el derecho al voto nos fue otorgado, los partidos políticos y sus candidatos visitan durante las campañas electorales para repetir o inventar promesas que nunca cumplirían, para pedir que les pongamos un chullo o un poncho y sonreír para la foto. Nada más.

Uno de los casos más recientes de promesas electorales incumplidas es la del gobernante de salida, Alan García Pérez, quien anunció en su campaña que crearía un impuesto a las sobreganancias mineras y revisaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una vez en el poder hizo todo lo contrario: ha gobernado al servicio de las multinacionales extractivas, promulgó 102 decretos legislativos para facilitar el TLC, el despojo territorial y el saqueo de los bienes naturales, junto con la criminalización de la protesta social, cuya más grave expresión es la Masacre de Bagua del 5 de junio del 2009.

Por todo eso, ahora, el viejo Partido Aprista, de más de ochenta años, sin candidato a la presidencia y una lista al Congreso cuestionada por sus bases, ya está prácticamente extinguido.

Perfiles siniestros

Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, la mayoría de candidatos se llenan la boca asegurando que respetarán el derecho a la consulta a los pueblos indígenas y acatarán la decisión que emane de esas consultas. De pronto se vuelven democráticos y defensores de los tratados internacionales, hasta ecologistas… Pero los pueblos no olvidamos. Los conocemos, sufrimos en carne propia su servilismo a las multinacionales, su defensa ciega del neoliberalismo extractivista, su nulo respeto por la vida y por los derechos humanos.

Recordamos, por ejemplo, que fue la dictadura de Alberto Fujimori la que luego del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992 impuso una Constitución liberal que recortó nuestros derechos como comunidades, precarizando la tenencia de nuestros territorios al eliminar su condición de inembargables e inalienables, y gracias a la cual se emitieron normas tras normas para facilitar la inversión extractivista: contratos de estabilidad tributaria, cero derechos laborales, mínimos controles ambientales, etc. Poniéndonos en una relación asimétrica empresas transnacionales – Estados contra los pueblos.

Hoy la hija del ex dictador, Keiko Fujimori, es candidata a la Presidencia de la República. Y su única carta de presentación son las “obras” de su padre. Claro que entre esas “obras” no menciona esta imposición del neoliberalismo, ni los delitos de lesa humanidad y corrupción generalizada por los que Alberto Fujimori hoy está preso, condenado a 25 años de cárcel. Tampoco el despilfarro de 10 mil millones de dólares de la venta de las empresas públicas.

La dictadura cayó, el pueblo celebró el retorno de la “democracia”. Tras un breve período de transición, fue elegido Alejandro Toledo, el mismo que en la campaña anterior había prometido ser “el segundo piso” del gobierno de Fujimori: léase más libre mercado y más facilidades para las inversiones, con las consecuencias inevitables de mayores recortes de derechos de nuestros pueblos indígenas y mayor criminalización contra ellos.

Durante su mandato, Alejandro Toledo no tocó ni con el pétalo de una rosa el modelo económico. Respetó religiosamente los contratos gracias a los cuales a las empresas mineras no se les puede aplicar un centavo más de impuestos, se rindió frente a las resistencias empresariales al pago de regalías, reduciéndolas a su mínima expresión. Y siguieron multiplicándose las concesiones, lotizando el país y privatizando las pocas empresas públicas que quedaban.

Por su origen andino, quiso acercarse a los pueblos indígenas y creó una Comisión Nacional de los Pueblos Andinos Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA) que terminó en un escándalo de malos manejos de fondos, la que luego fue transformada en un Instituto Nacional de Desarrollo (INDEPA) que poco a poco ha ido excluyendo nuestra participación como pueblos indígenas y reduciéndose a su mínima expresión en el frondoso aparato estatal, hasta que hoy el gobierno del APRA lo liquidó definitivamente.

Luego de una multitudinaria marcha indígena desarrollada por la Confederación de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, Alejandro Toledo se comprometió a formar una comisión de diálogo tripartita (gobierno-comunidades-empresas mineras) que nunca se concretó. Y fue durante su gobierno que las protestas de las comunidades de Ayabaca, en el ande piurano (norte del Perú) contra la imposición minera fueron violentamente reprimidas, imponiéndose el proyecto minero Río Blanco en una zona única de páramos y bosques de neblina, muy cercana a la frontera con Ecuador, vulnerando todo tipo de normas y tratados internacionales.

Hoy Alejandro Toledo es otra vez candidato, quiere volver a ceñirse la banda presidencial. Y habla de derechos, claro, pero ya lo conocemos.

Mr. PPK

¿Y quién fue el Ministro de Economía de Toledo, el encargado de implementar el modelo económico? Pues Pedro Pablo Kuczynski (PPK), el ciudadano norteamericano, viejo funcionario de instituciones financieras internacionales (IFI). Ese que ahora también quiere ser presidente y para eso, como no tiene partido propio, ha formado un “sancochado” de partidos y movimientos de diversas tendencias a los que solo une la ambición de poder.

Mr. PPK ha sido ministro de diversos gobiernos en los que siempre cumplió el papel de vínculo con las IFI: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Pero no solo eso, también está directamente vinculado a empresas mineras, como miembro de muchos directorios. Y como tal es responsable del despojo de territorios de los pueblos indígenas.

Examinemos un caso, el de las comunidades de Espinar, Cusco, que durante veinte largos años sufrieron los impactos de las operaciones de la Minera Nacional Tintaya, la misma que emprendió un brutal proceso de expropiación y despojo de tierras.

En los años ochenta, cuando Tintaya inició sus operaciones en Espinar, Mr. PPK era Ministro de Energía y Minas del gobierno de Fernando Belaunde. Y continuó con el mismo proceder en el período iniciado el 2001, con la empresa ya privatizada con BHP Tintaya, siendo Ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Alejandro Toledo, cuando mediante artimañas legales e incluso con violencia, la empresa logró apoderarse de 1,263 hectáreas de tierras de la comunidad Tintaya Marquiri, 246 de la comunidad Alto Huancané, 400 de la comunidad Huano Huano, 477 de la comunidad Alto Huarca y 875 de propietarios individuales.

Luego Mr. PPK, como lobista profesional, al dejar el cargo de ministro pasó a formar parte del directorio de BHP Billiton Tintaya, continuando con la agresión, dividiendo la comunidad de Antaycama en cinco comunidades y despojando totalmente de territorios a la comunidad Tintaya Marquiri, reduciéndola a un centro poblado de media hectárea.

Ahora Mr. PPK se pone poncho y chullo y promete respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Que se lo diga a los despojados de Espinar, a los muertos de Ayabaca, a ver si le creen. Es patético su afán por superar su actual 3.6% de intención de voto, la desesperación de los partidos en los que apoya su candidatura.

No lo logrará, Mr. PPK, porque ya lo conocemos, porque no olvidamos. Porque es nuestra memoria histórica la que nos ha permitido sobrevivir más de quinientos años de políticas de exterminio. Porque ya no somos el folclor para la foto y la postal turística. Porque los pueblos indígenas pasamos ya de la resistencia a la propuesta, estamos dispuestos a decidir sobre nuestros destinos y somos actores políticos.

Lima, 11 de febrero de 2011.

* Coordinador General CAOI