Forman coordinadora para apoyar las luchas en defensa de los derechos colectivos, el territorio comunal y los recursos naturales

EN EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

A LOS LÍDERES Y ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO INDÍGENA CAMPESINO SINDICAL Y POPULAR

El mundo está gobernado por las grandes empresas multinacionales, cuyo único interés es ganar la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible.

En busca de ese objetivo, condenan a la humanidad a su extinción al provocar el calentamiento global con los gases de efecto invernadero que ellas producen en grandes cantidades. Es más, hemos visto que en la reunión celebrada en Cancún sobre el tema eludieron asumir un compromiso serio para reducir las emanaciones de dichos gases y bajar siquiera un grado la temperatura del planeta.

Dicho calentamiento provoca diversos tipos de desastres llamados falsamente “naturales”, cada vez mayores en diversas zonas del mundo. El agua dulce disminuye, las nieves y glaciares se derriten, crece el nivel del mar por lo cual ya desaparecieron varias islas. Los veranos son más calientes y los inviernos más fríos. Se forman huracanes cada vez más fuertes.

El calentamiento global es solo uno de los ataques del gran capital a la naturaleza, hay muchos otros, por ejemplo:

-La minería a cielo abierto que roba agua de la agricultura y la envenena.

-La extracción de petróleo y gas que envenena las aguas matando todo tipo de vida animal y vegetal.

-La agroindustria que practica el monocultivo, nocivo para el suelo, usa agroquímicos: fertilizantes, insecticidas y herbicidas, también nocivos para el suelo. En nuestros países pobres trabaja para la exportación superexplotando a obreros agrícolas.

Afortunadamente el Perú cuenta con una vanguardia que está combatiendo fieramente contra esos ataques: los pueblos de Ayabaca, Espinar, Canchis, Cocachacra, Inambari, Recuay y otros.

Ellos llevan una lucha de gran significado político, pues disputan al régimen, sirviente de las grandes empresas, el gobierno en sus localidades. Por ejemplo, Cocachacra dice: "En Cocachacra no manda la mina Tía María ni su sirviente Alan García, manda democráticamente el pueblo de Cocachacra".

Es pues una lucha en defensa de la naturaleza y por la inserción y vigencia de la democracia contra la dictadura del gran capital.

Naturalmente, la gran prensa, al servicio de las grandes empresas, está contra esos pueblos, como lo están los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Lo cual no quiere decir que no hayan parlamentarios que defienden al pueblo y jueces y fiscales que respetan la justicia.

El pueblo peruano tiene la obligación y la conveniencia de apoyar esas luchas con toda energía y en diversas formas.

Comprendiendo ello, el lunes 20 de diciembre nos hemos reunido un grupo inicial de personas para conjugar esfuerzos en el apoyo a dichas luchas en todo lo que podamos.

Por la criminalización de la protesta muchos combatientes están procesados y hasta presos, tenemos que preocuparnos por conseguir asesoría jurídica. Debemos organizar la visita a los presos.

Debemos dar la mayor publicidad posible a las heroicas luchas.

Tenemos que esforzarnos por conectar las luchas entre sí.

Hacemos un llamado a todas las personas a que se incorporen a este esfuerzo.

Cada día habrá más ataques a la naturaleza por parte de las grandes empresas, cada día habrá más luchas populares de resistencia, cada día se necesitará más apoyo, cada día más personas se irán incorporando a ésta, ahora pequeña, red horizontal de apoyo a la vanguardia política del país.

Próxima reunión: lunes 10 de enero 2011, 6 pm, local de la CCP

Informes: 4251655 -

ccpcarola@yahoo.es

todossomosindigenas@gmail.com

Pueblos indígenas denuncian a los regímenes extractivistas neoliberales y “progresistas“ por depredar la naturaleza y defender el capitalismo

Derechos colectivos y derechos de la Madre Tierra

Declaración de la Mesa 18 de la Conferencia Mundial de los Pueblos por el Cambio Climático

(Bolpress – 21 de abril del 2010 – www.bolpress.com)

Esta mesa convocada por el CONAMAQ representa a los pueblos del mundo. La Mesa N° 18 se constituyó como un espacio necesario de reflexión y denuncia en el marco de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, a fin de profundizar la lectura sobre los efectos locales del capitalismo industrial global. Asumimos la responsabilidad de cuestionar a los regímenes latinoamericanos denominados populares y a la lógica depredadora y consumista, la lógica de la muerte del desarrollismo y del neo extractivismo.

Las distintas intervenciones contribuyeron a establecer las contradicciones del proceso y aportar juntos propuestas para fortalecer el camino hacia el buen vivir.

La Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra es una demostración del magnetismo que ha despertado este proceso. Para garantizar que este proceso se profundice y se extienda como un ejemplo alentador a todo el continente y a los pueblos del mundo, es necesario visibilizar las contradicciones existentes, reflejadas en los conflictos socioambientales.

Estas contradicciones son el resultado de la no aplicación de los principios mencionados. Esta mesa se propone contribuir a activar mecanismos de lucha coordinada en apoyo a este proceso.

Las organizaciones sociales y populares y comunidades indígenas originarias campesinas de Latinoamérica y del resto del mundo, reunidas en Tiquipaya los días 20 y 21 de abril de 2010 en el marco del desarrollo de la Mesa Nº 18 con el propósito de definir las bases para la implementación del Nuevo Modelo de Gestión de los Recursos Naturales para revertir el Modelo de Producción Capitalista aún imperante en Latinoamérica, que radica en el desarrollo industrial y la consolidación de las transnacionales, fundado en la propiedad privada, el lucro individual y el consumismo, aspectos que han sido puestos en tela de juicio por las naciones y pueblos de América Latina. Los planes de desarrollo de estos gobiernos, entre ellos el boliviano, sólo reproducen el esquema desarrollista del pasado.

En este sentido, para enfrentar el cambio climático la humanidad debe encontrarse con sus raíces culturales colectivas comunitarias; eso significa construir una sociedad basada en la propiedad colectiva y en el manejo comunitario y racional de los recursos naturales, en la cual los pueblos decidan de manera directa el destino de la riqueza natural de acuerdo a sus estructuras organizativas, a su autodeterminación, sus normas y procedimientos propios y su visión de manejo integral de sus territorios.

La historia nos enseña que solo hay un camino efectivo para transformar la sociedad y para construir una alternativa socialista al capitalismo: la movilización social permanente y la articulación de nuestras luchas.

RESOLVEMOS:

PRIMERO.- Repudiamos al imperialismo, a las transnacionales y a los gobiernos del denominado progresismo latinoamericano que impulsan proyectos de energía y mega infraestructura de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) en todos los territorios latinoamericanos ­—especialmente territorios indígenas y áreas protegidas— diseñados por bancos, empresarios y constructores privados con una visión neoliberal y explotadora.

SEGUNDO.- Exigimos cambiar el modelo de pseudo desarrollo que privilegia las exportaciones de materias primas. Se plantea avanzar en la construcción de alternativas que estén en función de los intereses de los pueblos, privilegiando la equidad, la solidaridad y la complementariedad.

TERCERO.- Pedimos concertar y construir un modelo de gestión racional de los Recursos Naturales acorde a la filosofía, cultura y usos y costumbres de los pueblos, que se sustenta en un modelo social y comunitario respetuoso de los Derechos de la Madre Tierra, Pachamama, Gaia...

CUARTO.- Ante la falta de voluntad política de los gobiernos del mundo, las organizaciones sociales y campesinas exigimos la facultad de definir un nuevo modelo de gestión y control directo del patrimonio natural. El control directo de los trabajadores del campo y de la ciudad impongan políticas de gestión de la biodiversidad en función de las necesidades de los y no de la dependencia de nuestros países.

QUINTO.- Pedimos a los estados respetar y hacer cumplir los derechos indígenas aprobada por la ONU gracias a la lucha de las organizaciones indígenas originarias campesinas. Exigimos la derogación de las normas legales que criminalizan las luchas sociales en defensa de los territorios comunitarios, y que se sancione a los gobiernos criminales.

SEXTO.- Hacer pública la necesidad de eliminar el latifundio, la biopiratería y el agronegocio; y recuperar el conocimiento ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del mundo; la promoción de la producción ecológica, y la reproducción del modelo comunitario, las capacidades de reproducción del bosque y la biodiversidad, para hacer frente al Cambio Climático.

SEPTIMO.- Exigimos la reversión y la expulsión de las corporaciones transnacionales, de algunas ONGs que apoyan los proyectos de dichas corporaciones, y de medios de comunicación que propagandizan el saqueo y vulneran los derechos colectivos. Exigimos la reposición de los bienes naturales depredados y usurpados. Planteamos la suspensión de toda actividad, obra o proyecto extractivo responsable y causante del Cambio Climático, del desplazamiento de poblaciones de sus territorios, y de las afectaciones socioambientales en territorios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos del mundo.

OCTAVO.- Exigimos el cumplimiento de los derechos colectivos vulnerados en los conflictos socioambientales en los siguientes casos: Corocoro - Jacha Suyu Pakajaqi, Lliquimuni - Pueblo Indígena Mosetén - San Cristobal - FRUTCAS Sudoeste de Potosí - Mutún - Chiquitanía Pantanal, TIPNIS - CONISUR, Cuenca Huanuni, Lago Poopo, Río Desaguadero, Cañadón Antequera, Consejo de Capitanes Guaranis Tarija, Charagua Norte - Asamblea del Pueblo Guaraní de Charagua Norte - represa del Río Madera en Brasil y Bolivia - lucha por la propiedad comunitaria de la tierra, MST Bolivia y movimiento campesino de Córdova, Argentina - Justicia para los pueblos campesinos indígena originarios masacrados en Porvenir, Pando, el 11 de septiembre de 2008 - contaminación minera en Potosí - deforestación y minería en Guarayos - minería en Nor Chichas - casos Andalgalá en Catamarca y San Juan en Argentina - conflictos forestales en el territorio Mapuche, y otros casos nacionales e internacionales (ver anexo), a los cuales brindamos plena solidaridad en su lucha.

NOVENO.- Todos estos puntos se constituyen en el mandato de los pueblos reunidos en la Mesa 18 -promovido por el Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyu y otras organizaciones sociales del mundo- los cuales deben ser de cumplimiento vinculante por todos los Estados que aprovechan los bienes de la Madre Tierra.

ES DADO EN TIQUIPAYA A LOS 21 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2010

POR LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS, NUESTROS TERRITORIOS Y LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA

Indígenas de Brasil logran paralizar proyecto hidroeléctrico Belo Monte

Brasil. Juez suspende la licencia y la licitación para una hidroeléctrica Belo Monte en la Amazonía

Sao Paulo, 14 abr (EFE).- La justicia brasileña suspendió hoy la licencia previa que las autoridades habían dado para la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el corazón de la Amazonía, y la licitación del proyecto que estaba prevista para el 20 de este mes.

El juez federal Antonio Carlos de Almeida Campelo ordenó la suspensión de la licencia y la licitación tras examinar una demanda presentada por el Ministerio Público Federal, que hace unas semanas denunció los "graves daños" que causaría al ecosistema amazónico la hidroeléctrica que el Gobierno pretende construir en el río Xingú, en el estado de Pará.

Según los planes del Gobierno, Belo Monte tendrá una potencia de 11.233 megavatios y será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo por detrás de la china de las Tres Gargantas y la de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay.

Almeida Campelo consideró que con la ejecución de la obra existe "un peligro de daño irreparable" para la selva amazónica.

"Está probado, de forma inequívoca, que la hidroeléctrica Belo Monte explotará un potencial de energía hidráulica en áreas ocupadas por indígenas que serán directamente afectadas por la construcción y desarrollo del proyecto", apuntó el juez.

El magistrado ordenó además que el estatal Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) se abstenga de emitir una nueva licencia para la obra y que no se convoque a una nueva licitación.

Los pueblos indígenas que viven en las zonas donde se pretende construir la represa han denunciado que la obra destruirá su forma de vida y amenazaron con un "río de sangre" en caso de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva siga adelante con los planes de la hidroeléctrica.

En su lucha contra Belo Monte, los indios y movimientos sociales han encontrado aliados que dan proyección internacional a su causa, como el director de cine canadiense James Cameron.

Centenares de personas, entre ellas Cameron, la actriz Sigourney Weaver y miembros de la producción de la taquillera película "Avatar" se concentraron el lunes en la Explanada de los Ministerios, centro político de Brasilia, para protestar contra los planes del Gobierno de construir la hidroeléctrica en la selva amazónica.

El juez que suspendió la licencia y la licitación dispuso además que, en caso de incumplimiento de su fallo por parte de las empresas interesadas, del Ibama o de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), se aplicará una multa de un millón de reales (unos 572.000) que serán revertidos a las comunidades indígenas afectadas.

FUENTE: http://es.noticias.yahoo.com/9/20100415/tsc-la-justicia-de-brasil-suspende-la-li-23e7ce8.html

Evo Morales: cambios en Bolivia muestra a otros países que es posible diseñar políticas propias

“El pueblo, más importante que las oligarquías”

Roberto González Amador
Evo Morales hace la cuenta mentalmente: “Hemos ganado seis elecciones en cinco años. Estamos igual que el Barcelona, que en un año ganó seis campeonatos” de futbol, suelta con una sonrisa.
El presidente de Bolivia insiste en que un líder poco puede hacer si no cuenta con respaldo social. Respaldo social es lo que, afirma, sí ha habido en su país, donde los cambios emprendidos desde que asumió un primer mandato, en enero de 2006, entre ellos la nacionalización de los hidrocarburos, “son irreversibles”.
El proceso de cambios ocurridos en Bolivia en los últimos años muestra a otros países de la región que es posible diseñar políticas propias, dice el presidente Morales en una entrevista con La Jornada, realizada anoche, minutos antes de viajar de la ciudad de México a Cancún para participar en la cumbre de países de América Latina y el Caribe.
Antiguo dirigente sindical, fundador del Movimiento al Socialismo (MAS), aficionado al futbol y ejecutante de música, Evo Morales, de 50 años de edad, ganó la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de diciembre de 2005, con 54 por ciento de los votos. A finales del año pasado se religió con 64 por ciento de los sufragios. En estos años dispuso la nacionalización de los hidrocarburos –el país cuenta con una gran reserva de gas– y asumió el control del litio, mineral empleado en la elaboración de baterías, considerado una de las fuentes de energía del futuro.
En 2007, una nueva Constitución creó en Bolivia un Estado plurinacional que dota de igualdad de derechos a todos los pueblos originarios. Su gabinete, de 20 ministros, está integrado a partes iguales por hombres y mujeres.
En enero pasado, cuando Morales tomó posesión para un segundo periodo de cuatro años como presidente, el escritor Eduardo Galeano consideraba que la importancia del proceso de cambios que ocurre en Bolivia es importante para ese país y el mundo, “porque demuestra que el miedo no es invencible ni el racismo una fatalidad”.
Evo Morales, en la entrevista con este diario, asegura que en su país han ocurrido cambios profundos que han convertido a los bolivianos –un país de mayoría indígena, de los más pobres de la región, pero que hace un año logró erradicar el analfabetismo– en actores centrales de la transformación.
–¿Qué significa hoy para América Latina lo que está ocurriendo en Bolivia?
–La estabilidad macroeconómica y la profundización y consolidación de la democracia son un ejemplo para que otros países de Latinoamérica puedan gestar sus propias políticas económicas sin el Fondo Monetario Internacional y sin Estados Unidos. Es el resultado concreto de los cuatro años de gobierno en Bolivia. Pero para eso son tan importantes las fuerzas sociales de cada país; solos, por más que seamos inteligentes, por más que trabajemos 20 o las 24 horas que tiene el día, es imposible.
–¿Cuál es el cambio más importante?
–Cambiar el modelo neoliberal, cambiar ese Estado colonial. En lo económico lo más importante es la recuperación o la nacionalización de los hidrocarburos. En lo social, una revolución social, con bonos y rentas y con créditos para dar oportunidad a la gente que se proyecte. Y en lo político, es una batalla permanente. Estamos igual que el Barcelona, que en un año ganó seis campeonatos y nosotros ganamos en cinco años seis elecciones, la última con más de 60 por ciento. Es un récord en los 184 años de vida republicana de Bolivia.
–¿Son cambios arraigados?, ¿existen condiciones para que permanezcan?
–Totalmente, estoy convencido, porque es un proceso de cambio sin retorno, es un camino sin retorno. ¿Por qué? Porque el pueblo siente que ha habido cambios profundos en cuatro años. Algunos datos: en 2005 las reservas internacionales de Bolivia eran mil 700 millones de dólares; ahora son 8 mil 700 millones. Nuestra balanza comercial es positiva, siempre era negativa. Y si sobre eso implementamos nuevas políticas de exportación en productos ecológicos, orgánicos, imagínese el crecimiento económico; si implementamos políticas de instalación de plantas hidroeléctricas y respetando el medio ambiente, Bolivia puede convertirse en el exportador de energía a los países vecinos. Entonces, por estos proyectos realizados y por proyectos a realizarse, es un proceso de cambio irreversible.
–¿Qué cambios han ocurrido en la mentalidad, en la conciencia del pueblo boliviano para que usted diga que este proceso es irreversible?
–El primer tema. Por primera vez hay un grupo de compatriotas que trabajan para el pueblo y no para su familia o su grupo de familias. Segundo. Es la primera vez en Bolivia que su presidente y su equipo dan más importancia a los pueblos que a las oligarquías. Por primera vez el pueblo, después de 184 años (desde la Independencia), siente que su Estado, su presidente, está en casa. Hay un bono para cada niño que va a clases, para cada persona que tiene más de 60 años; una mujer embarazada, de cualquier clase social, recibe un pequeño bono de alimentación, de control médico. ¿Qué familia no tiene una embarazada?, ¿qué familia no tiene un niño en la escuela?, ¿qué familia no tiene un abuelo? El Estado ahora llega a la familia, primera vez, antes no había eso.
–¿Cuáles cree que son los retos en América Latina para los movimientos progresistas?
–¿Los retos? La liberación, de la rebelión a la revolución, consolidar la liberación. Eso es un trabajo conjunto en los países donde hay procesos de liberación, como en Bolivia o Venezuela, que los pueblos acompañen. Y un pueblo donde hay gobiernos con mentalidad pro yanqui, pues sí, los pueblos tienen mucha responsabilidad para poder liberarse. Ésos son los retos que hay que enfrentar. Pero donde trabajamos el gobierno con los movimientos sociales, eso da esperanza a los países vecinos, por lo menos de liberación.
–¿Bolivia podría tener dificultades si dejara de recibir el apoyo del gobierno de Venezuela?
–Siempre dar oportunidad es tan importante. Una vez, cuando ya se ha encaminado, es seguir ese cambio empezado. Yo quiero ser muy sincero. El primer año de nuestro gobierno la presencia de Cuba y de Venezuela es tan importante. Por ejemplo, Misión Milagro (operación gratuita de la vista), hasta ahora tenemos más de 400 mil operados; es fundamental, por ejemplo, las fuerzas binacionales de Bolivia y Venezuela para atender algunas demandas en temas de caminos. Ya consolidado tenemos la obligación de volar con nuestras propias alas.
“Una vez le dije al presidente Fidel Castro, en 99 o 2001. Le dije: Póngase en mi caso, ¿qué hago si Estados Unidos me bloquea?, ¿cómo lo enfrento? Él me dijo unas palabras muy sabias: ‘primero, Bolivia no es isla como Cuba, y en Cuba hemos enfrentado el bloqueo económico. Segundo, Bolivia tiene países solidarios, a Cuba, tiene a (Hugo) Chávez (presidente de Venezuela), a (Luis Inazio) Lula (de Brasil). Tercero, Bolivia tiene recursos naturales, qué le importa el bloqueo’. Eso nos permitió enfrentar sin ningún miedo al Fondo Monetario Internacional o al gobierno de Estados Unidos.”
En septiembre de 2008, Evo Morales expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, al que acusó de promover las acciones de la oposición de derecha contra su gobierno. Dos meses después suspendió indefinidamente las operaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, bajo la acusaciones de realizar acciones de espionaje y de conspirar contra el gobierno constitucional.
El mes pasado, la periodista Stella Calloni, corresponsal de La Jornada en Argentina, publicó Evo en la mira. CIA y DEA en Bolivia, que, entre otros temas, documenta una serie de acciones promovidas por esas agencias para desestabilizar al gobierno boliviano e, incluso, para acabar con la vida de su presidente.
Evo Morales considera la nacionalización de los hidrocarburos uno de los hechos más relevantes de su gobierno. Antes, las empresas trasnacionales apenas pagaban regalías (el equivalente a 18 por ciento del valor de lo extraído) al Estado.
“En los últimos cuatro años de gobiernos neoliberales, de 2002 a 2005, sólo ingresaba el Estado por los hidrocarburos 2 mil millones de dólares. En nuestro gobierno, 8 mil millones de dólares. Por eso decía que en 2005 la inversión pública, 70 por ciento era de cooperación o créditos internacionales, ahora 70 por ciento es de los ingresos del Estado plurinacional”, apunta.
Un frente de batalla permanente ha sido la campaña de los medios de comunicación contra él y su gobierno. La prensa boliviana dominante, ligada a los grandes intereses económicos, no duda en llamarlo “macaco” o en acusarlo de narcotraficante. La pro empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguraba permanentemente que en Bolivia no había libertad de prensa.
Entonces Evo Morales decidió invitar a los dirigentes de la SIP a que lo visitaran en su oficina presidencial. Así lo cuenta el presidente:
“Los miembros de la SIP decían: ‘se viola la libertad de prensa en Bolivia’. Yo pedí que vengan. Yo pedía que prepararan los documentos, porque nos acusaban de todo y de nada. Aceptaron y vinieron. Se sorprendieron, esperaban una charla. Pero convoqué a toda la prensa de Bolivia y del mundo para demostrar la verdad; les mostramos videos, publicaciones.
“Había (en la prensa) expresiones como ‘hay que matar a ese indio’, nos trataban de macacos. Se han sorprendido los miembros de la SIP, derrotados. Reconocieron públicamente que sí hay libertad de prensa, pero no reconocieron que me ofenden permanentemente. Si a un presidente lo ofenden, cómo ofenderán al pueblo. ¿Te imaginas?”
Remata: “Por eso aprendí en mi vida que a la adversidad hay que enfrentarla con la verdad. Ésa es mi experiencia y enfrenté con la verdad y los derroté.”

Fuente: Periódico La Jornada, lunes 22 de febrero de 2010, p. 5
www.jornada.unam.mx

Alan García arremete con proyecto para legalizar desalojo de pueblos andinos y amazónicos

Desplazados: los trucos de un proyecto

Autor: Santiago Pedraglio
En las últimas semanas han recrudecido las tensiones entre los pueblos indígenas y el Gobierno. Haciendo oídos sordos a las preocupaciones, el 4 de febrero último el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de modificación de la Ley sobre Desplazamientos Internos (Ley 28223). El propósito, no explícito pero bastante evidente, es preparar las condiciones jurídicas para iniciar proyectos como la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, en el marco del Memorando de Entendimiento entre Perú y Brasil.¿Cómo se relaciona esta modificatoria con los proyectos de inversión energética? El Gobierno pretende cambiar la esencia de la Ley 28223 al ampliar el concepto de “desplazados”, restringido en el Art. 2º a los grupos de personas “que se han visto forzadas u obligadas a escapar (…) como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos” o a la “ocasionada por acción violenta por agentes imprevistos”.Para ello se centra en el Art. 8º, de cuya sumilla, “Del desplazamiento forzado”, plantea que se suprima el término “forzado”. Hecho este cambio, propone agregar dos incisos: uno inocente, que habla de los desplazamientos a causa de desastres naturales, y otro –aquí viene el detalle– acerca del desplazamiento de población que “se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial”.De esta forma, una ley dictada en 2004 para resolver problemas relacionados con los desplazamientos forzados a causa de la violencia interna se convertiría en una norma para autorizar los desplazamientos a raíz de grandes proyectos de inversión.¿Por qué el Ejecutivo recurre a la artimaña en un asunto tan grave, que afecta a miles de personas? Peor aún, pretende que la modificatoria se apruebe con carácter de urgente. Es decir, cero debate sobre el impacto socioambiental y sobre las metas del Estado peruano en cuanto a las cinco centrales hidroeléctricas que se construirán, incluida la de Inambari.Esto podría significar, además, que para los casos de “proyectos de desarrollo” se subordine, en pro de “la mayor celeridad posible”, un aspecto esencial de todo lo avanzado después del 'Baguazo’: cómo se aplicarán los procesos de consulta. Es el caso del proyecto de Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas presentado por la Defensoría del Pueblo en julio de 2009, que expresamente plantea que deben someterse a este proceso “aquellas medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente”. Lo mismo sucedería con lo avanzado por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entre representantes del Ejecutivo y de los pueblos indígenas.

(Fuente: Perú 21 - 20.02.2010)

Rafael Correa se quita la máscara: TLC con Europa amenaza Constitución ecuatoriana

Bobo aperturismo

Por: Hugo Jácome
Reiniciar el proceso de Negociación Multipartes con la Unión Europea ha despertado, con razón, conocidos temores. Aunque todavía no hay claridad sobre lo que pretende el Gobierno, vale la pena que la sociedad empiece a debatir los alcances de dicha negociación.Un primer punto tiene que ver con el nuevo marco constitucional del Ecuador. ¿Existe compatibilidad entre los campos temáticos que involucran este tipo de acuerdos, de corte TLC, y la Constitución? Definitivamente no. A través del falaz discurso del libre comercio, se impone la supremacía de los intereses de los países desarrollados, a costa de la pérdida de soberanía de los países en desarrollo. La Constitución, en su artículo 422, prohíbe acuerdos internacionales que “cedan jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”. El tema de propiedad intelectual también entraría en contradicción; el artículo 421 indica, de manera clara, que “la aplicación de los instrumentos comerciales internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni los avances científicos y tecnológicos”. ¿Qué pensarán, por ejemplo, las transnacionales farmacéuticas europeas sobre esto? ¿El acuerdo les abrirá las puertas a las patentes atropellando la Constitución?
Hay otros temas que también tendrían incompatibilidad. Por ejemplo, el de compras públicas –art. 288- y el de inversiones nacionales y extranjeras –art. 339-, que dan preferencia a las empresas e inversionistas nacionales. En el artículo 335, el Estado se guarda el derecho de regular, controlar o intervenir en los intercambios y transacciones económicas, para precautelar los derechos económicos, también, puede definir una política de precios orientada a proteger la producción nacional. ¿Este tipo de acuerdos permitirán esto? Algunos acuciosos de los TLC estarán analizando las formas de bypassear –interpretar a su antojo- la Constitución.Un segundo punto tiene que ver con la estrategia de inserción inteligente en el mundo. ¿Estos acuerdos guardan coherencia con la propuesta de desarrollo endógeno? De acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir, lo que se busca inicialmente es sentar bases sólidas que permitan la consolidación de una industria nacional con capacidad de abastecer las demandas internas, y que logre niveles de competitividad en los mercados externos. No se trata de profundizar el modelo primario exportador, favoreciendo a los grandes exportadores de productos primarios y a los grandes importadores, aumentando, además, la dependencia en la industria extranjera.Por eso cabe preguntarnos, ¿en qué quedaría la apuesta de desarrollo endógeno si se diera paso a un mayor bobo aperturismo, como el que se deriva de este tipo de acuerdos?, más aún si se entra a negociar sin ningún tipo de resguardo -hasta el momento no se conoce que exista siquiera un estudio de impacto-. ¿En qué quedaría la inserción estratégica y soberana en el mundo, tal como plantea la Constitución, en su artículo 284?

Fuente: Diario El Telégrafo, 22.1.2010

http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnista/archive/opinion/columnistas/2010/02/22/Bobo-aperturismo.aspx

Ahora Alan García quiere el desplazamiento forzoso de los pueblos indígenas en beneficio de proyectos extractivos

Pueblos indígenas anuncian protestas y Gobierno insiste con su escopeta de dos cañones

VIERNES, 12 DE FEBRERO DE 2010 16:03
Tomado de http://www.alertaperu.org

Para no creer. Con respecto a su política para los pueblos indígenas, el Gobierno insiste en borrar con una mano lo que hace con la otra. Esta semana retrocedió, después de tres años, en su incomprensible decisión de rebajar el rango del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano (INDEPA) y por fin lo volvió a convertir en lo que era inicialmente: una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero el mismo día envió al Congreso un proyecto de Ley para facilitar el desplazamiento forzado de personas que vivan en lugares donde se vayan a realizar megaproyectos “primordiales”, lo que ha causado gran preocupación en comunidades indígenas y campesinas afectadas por proyectos de minería, petróleo, carreteras e hidroeléctricas. En el marco de estas contradicciones gubernamentales, los pueblos indígenas y los ronderos de la región nororiental han convocado a una jornada de lucha para el 22 de febrero, exigiendo el fin de la persecución contra sus líderes y rechazando una serie de proyectos extractivos en sus territorios.

El miércoles 10 de febrero, el Ejecutivo dictó el Decreto Supremo 022-2010-PCM en el que adscribe el INDEPA a la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿De qué oficina dependía esta entidad hasta ahora? Del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). ¿Cómo así? El INDEPA fue creado por Ley del Congreso el 2005 y su función era “la promoción, defensa, investigación y afirmación de los derechos y desarrollo con identidad” de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. Para cumplir a cabalidad con esa función, tenía rango de Ministerio y estaba adscrito a la PCM. No era una institución perfecta, pero era un avance. A pesar de ello, y para sorpresa de los propios pueblos indígenas, en febrero del 2007 el Gobierno decidió rebajarlo de rango, restarle presupuesto y adscribirlo al MIMDES. El resultado: el INDEPA ha estado ausente durante todo el conflicto amazónico y ha sido incapaz de cumplir su función. Con su decisión de esta semana, el Gobierno parecería querer recuperar el tiempo perdido en su relación con los pueblos indígenas.

Sin embargo, el mismo miércoles 10 de febrero el mismo Ejecutivo, conformado por el mismo Presidente y el mismo Premier, enviaron al Congreso el proyecto de Ley 3917 que busca facilitar el desplazamiento forzado de personas en beneficio de proyectos “de interés público o primordial”. El proyecto modificaría la ley vigente sobre desplazamiento de personas, Ley 28223, detallando el procedimiento mediante el cuál el Estado puede autorizar el desplazamiento forzado, decisión que estaría en manos del MIMDES. Es imposible no interpretar este proyecto de Ley a la luz de los numerosos megaproyectos de carreteras, energía y extracción de recursos que están ejecutándose o por ejecutarse en la selva peruana, así como también en la sierra. A pesar de que el proyecto asegura que, en caso de pueblos indígenas, el procedimiento se adecuaría a las normas internacionales, Asunta Santillan Bartra, de la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), advirtió que se pone el énfasis en la celeridad administriva, lo que podría “desnaturalizar al proceso de consulta”.Esta misma semana se hizo pública una flamante alianza entre organizaciones indígenas y ronderos de seis regiones del norte: Amazonas, Piura, Cajamarca, San Martín, La Libertad y Lambayeque, que han conformado una Coordinadora Macro-regional y han convocado a una movilización para el 22 de febrero. Entre sus demandas está el rechazo al informe que consideran sesgado de la Comisión oficial de Investigación sobre los hechos de Bagua. Además, exigen el fin de la persecución judicial contra sus líderes y la libertad de numerosos detenidos. También rechazan una serie de polémicos proyectos extractivos que vienen generando alta conflictividad en sus territorios, en particular las minas La Zanja y Río Blanco y la petrolera Hocol.