Engañoso retiro de Egasur y tramposo Decreto de Urgencia 001-2011 mantienen en alerta a pueblos de Inambari

PRONUNCIAMIENTO

ANTE EL “RETIRO” DE EGASUR DE LA CUENCA DEL INAMBARI Y EL DECRETO DE URGENCIA N° 001-2011

En la marcha realizada a la ciudad de Puno el 16 de diciembre del 2010, los pobladores de la cuenca del Inambari (San Gabán y Ayapata), en un contundente rechazo a la construcción de la Hidroeléctrica Inambari, presentaron un pronunciamiento dando un plazo de 20 días al gobierno central para que desista de ejecutar este proyecto, advirtiendo que iniciarían una huelga indefinida. Esta fecha ha fenecido y por parte del Estado y ministerios competentes no hubo respuesta alguna.

Asimismo han circulado comunicados de “retiro” de EGASUR de la cuenca del Inambari a la región de Arequipa. Se trata de una artimaña política del gobierno de turno, con la única intención de desmoronar las luchas que emprenderán los pobladores de la provincia de Carabaya y región Puno, en defensa de la vida, la biodiversidad, la soberanía y la carretera interoceánica. Este tema fue debatido el 23 y 24 de enero del año en curso en el distrito de Coaza, pueblo que tiene injerencia directa y en cuyo territorio está el Parque Nacional Bahuaja Sonene.

La provincia de Carabaya rechaza tajantemente el Decreto de Urgencia N° 001-2011, emitido por el Ejecutivo, cuyo contenido es por demás atentatorio y vulnera la Constitución Política del Perú. El artículo Nº 5 de dicho Decreto de Urgencia manifiesta la exoneración de la obligación en la entrega de las certificaciones de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para la obtención de las autorizaciones. Por ello exhortamos a los congresistas de la bancada de Puno y demás bancadas a unir esfuerzos para derogarlo en el pleno del Congreso.

Por lo que convocamos a la población de la región Puno, hombres de prensa, consejeros regionales, colegios profesionales, a mantenernos en vigilia ante este supuesto “retiro”, que no es más que una táctica del Gobierno para cansar y ejecutar el proyecto Inambari.

¡Abajo el Decreto de Urgencia N° 001-2011!

¡Vivan las luchas de la provincia de Carabaya y región Puno!

¡Rechazo a la construcción de la central hidroeléctrica en Inambari!

FRENTE DE DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA PROVINCIA DE CARABAYA

27 de enero 2011

Alan García arremete con proyecto para legalizar desalojo de pueblos andinos y amazónicos

Desplazados: los trucos de un proyecto

Autor: Santiago Pedraglio
En las últimas semanas han recrudecido las tensiones entre los pueblos indígenas y el Gobierno. Haciendo oídos sordos a las preocupaciones, el 4 de febrero último el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de modificación de la Ley sobre Desplazamientos Internos (Ley 28223). El propósito, no explícito pero bastante evidente, es preparar las condiciones jurídicas para iniciar proyectos como la construcción de cinco centrales hidroeléctricas, en el marco del Memorando de Entendimiento entre Perú y Brasil.¿Cómo se relaciona esta modificatoria con los proyectos de inversión energética? El Gobierno pretende cambiar la esencia de la Ley 28223 al ampliar el concepto de “desplazados”, restringido en el Art. 2º a los grupos de personas “que se han visto forzadas u obligadas a escapar (…) como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos” o a la “ocasionada por acción violenta por agentes imprevistos”.Para ello se centra en el Art. 8º, de cuya sumilla, “Del desplazamiento forzado”, plantea que se suprima el término “forzado”. Hecho este cambio, propone agregar dos incisos: uno inocente, que habla de los desplazamientos a causa de desastres naturales, y otro –aquí viene el detalle– acerca del desplazamiento de población que “se produjese a causa de proyectos de desarrollo en gran escala justificados por un interés público superior o primordial”.De esta forma, una ley dictada en 2004 para resolver problemas relacionados con los desplazamientos forzados a causa de la violencia interna se convertiría en una norma para autorizar los desplazamientos a raíz de grandes proyectos de inversión.¿Por qué el Ejecutivo recurre a la artimaña en un asunto tan grave, que afecta a miles de personas? Peor aún, pretende que la modificatoria se apruebe con carácter de urgente. Es decir, cero debate sobre el impacto socioambiental y sobre las metas del Estado peruano en cuanto a las cinco centrales hidroeléctricas que se construirán, incluida la de Inambari.Esto podría significar, además, que para los casos de “proyectos de desarrollo” se subordine, en pro de “la mayor celeridad posible”, un aspecto esencial de todo lo avanzado después del 'Baguazo’: cómo se aplicarán los procesos de consulta. Es el caso del proyecto de Ley Marco del Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas presentado por la Defensoría del Pueblo en julio de 2009, que expresamente plantea que deben someterse a este proceso “aquellas medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente”. Lo mismo sucedería con lo avanzado por el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entre representantes del Ejecutivo y de los pueblos indígenas.

(Fuente: Perú 21 - 20.02.2010)