PERÚ: COMISIÓN DE LA FALSEDAD Y PROYECTO DE LA IGNOMINIA
El racismo hoy más operativo y hasta agresivo es el del paternalismo que se arroga la facultad de decidir por los demás. Es lo que hace la Comisión particularmente respecto a indígenas. ¿Y qué decide por ellos y ellas? Que necesitan tratamiento paliativo para que asimilen más pacíficamente las mismas políticas que vienen atropellando sus derechos y han conducido a la masacre.
Por BARTOLOMÉ CLAVERO*
De la Comisión de la Falsedad se ha filtrado el Proyecto de la Ignominia, el borrador casi ultimado de su Informe sobre Bagua. Ésas son denominaciones merecidas desde que hace unos días se ha conocido el texto. La Comisión ha sido corta en la averiguación y el Proyecto es largo en el adoctrinamiento. Pontifica en todo lo que no ha investigado, esto es en todo. Trivializa hechos e ignora derechos. Reparte a mansalva responsabilidades y no identifica las que desencadenaron la masacre. Adopta una posición paternalista respecto tanto a la ciudadanía peruana como a los pueblos indígenas al tiempo que se permite repartir acusaciones de racismo por doquier. El racismo hoy más operativo y hasta agresivo es el del paternalismo que se arroga la facultad de decidir por los demás. Es lo que hace la Comisión particularmente respecto a indígenas. ¿Y qué decide por ellos y ellas? Que necesitan tratamiento paliativo para que asimilen más pacíficamente las mismas políticas que vienen atropellando sus derechos y han conducido a la masacre.
Para el Proyecto de la Ignominia tales políticas son plausibles, sólo que no se ha sabido venderlas a indígenas y a la otra parte remisa de la misma ciudadanía peruana. El problema no radica, según el Proyecto, en ellas, sino en la deficiente percepción indígena y de ese contingente no indígena acerca de ellas: “Los nativos piensan que el Estado (…) les quiere quitar todo lo que poseen para proponerlo a la libre disposición de los empresarios”, por lo cual “los nativos reclaman al Estado una consulta y un diálogo amplios”. No es el Convenio 169, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que el Perú tiene ratificado, el que exige tal consulta, sino solamente “los nativos” y esto además sólo porque ha faltado, asevera el Proyecto, “un diálogo sereno e intercultural”. El Proyecto no atiende el Convenio 169, este tratado sobre pueblos indígenas, ni siquiera para la terminología. Habla de nativos no sólo porque sea la denominación adoptada por la Constitución del Perú, sino también por cortar toda posibilidad de aplicación del Convenio 169, al que empecinadamente ignora como derecho en vigor a pesar de que ha de mencionarlo en más de una ocasión.
El racismo del Proyecto da la cara desde temprano al explicar que el Estado no debe intentar entenderse con indígenas de comunidades ni con representantes de las mismas, sino con quienes ya se hayan transculturalizado, lo que entiende que ocurre por la mera realización de estudios. Está así diciéndose que el Estado puede y debe cooptar la representación indígena. Cito literalmente porque comprendo que resulten posturas difíciles de comprender a estas alturas: “El Estado falló porque tomaba como interlocutores a indígenas que no habían estudiado y marginó a los indígenas que habían estudiado y con los cuales hubiera podido mantener un diálogo hasta comprenderse mutuamente. El Estado no conocía a los indígenas y tomó a todos como ignorantes. Esto fue interpretado en muchos ambientes como si el Estado hubiera querido sorprender al indígena en su ignorancia para manejarle a su antojo”. El Proyecto pone especial empeño, puede suponerse que interesado, en denunciar “la marginación y exclusión de muchos indígenas que han realizado estudios superiores”.
Lo que se afirma respecto a que el intento del Estado por entenderse directamente con los indígenas fue malentendido resulta en especial ofensivo no sólo por la presunción racista de ignorancia indígena, sino también por el descaro insultante como se presentan unos hechos. El Gobierno efectivamente cooptó sin éxito tras Bagua representación indígena intentando postergar a la respaldada por las comunidades y ahora el Proyecto de la Ignominia pretende que tal fue la percepción errada de la ciudadanía peruana. Este de la contrafactualidad descarada es el tenor continuo del Proyecto. En el Perú por lo visto tan sólo los miembros de la Comisión de la Falsedad dispuestos a suscribir el Informe, así como sus mandantes, ignoran el transcurso de los hechos. Es por supuesto una afectación de ignorancia que, gracias a la falta notoria de investigación, puede atravesar todo el Proyecto. No voy a comentarlo por entero. Sería cansino y bastante inútil. Si el Informe final responde al Proyecto, se desmentirá por sí mismo en casa y no se granjeará en el exterior crédito entre gentes de buena fe no sólo por sus torpes alardes de racismo, sino también, más sustantivamente, por no atenerse al derecho internacional de los derechos humanos y, en la forma, por su estilo de vaguedad con los hechos y ataque con las presunciones nada homologable ni compresible internacionalmente.
“A este error (el de intentar entenderse con gentes tan ignorantes como todos y todas los indígenas que no han cursado estudios) contribuyeron personas, ONGs, instituciones y empresas”, así entran en escenas caracteres dramáticos pues les corresponden papeles de malos en la esa obra de ficción que pergeña este Proyecto. Son quienes no dejan al Estado a solas para que, con el papel de bueno que se le asigna a éste, pueda arreglarlo todo con los indígenas. El mismo Proyecto ya ha sentado que “hay antropólogos, sociólogos, periodistas y ONGs que definen e inculcan diferentes identidades radicales en los indígenas amazónicos; movimientos ideológicos que orientan a los pueblos indígenas en distintas direcciones, se destacan muchos los derechos y poco las responsabilidades”, etc., etc. La responsabilidad grave para el Proyecto es la de predicar y defender derechos, con lo cual entiende que se genera un mundo de ficción que encandila a los indígenas. He ahí “los conceptos de comunidad nativa, de federación, de economía, de territorio, impuestos desde el exterior con modelos ficticios” y que han venido a romper, asegura el Proyecto, “con el sistema de desarrollo que se habían formulado las misiones preparando a jóvenes en estudios superiores para elevar el nivel educativo y formar una fuerza cultural, intelectual y de desarrollo comunal que superara las contradicciones de la marginación y la exclusión”. Entre el Estado y las viejas misiones, si les dejasen solos, arreglarían las cosas. Para la Comisión de la Falsedad su propia ficción constituye naturalmente la verdad en singular por única.
La presunción racista respecto a indígenas no sólo es la de ignorancia, sino también la de pobreza, una pobreza rodeada de recursos sobre los que no se les reconoce derechos y que así necesitan la intervención del Estado junto, se sobrentiende, a las empresas para beneficio que se presume de los propios indígenas. Es la virtud y el horizonte, afirma el Proyecto, del “desarrollo sostenible”. Ni siquiera se considera la posibilidad a la vista de que, contando con territorios y recursos, la pobreza indígena, en lo que efectivamente existe, es inducida, como tampoco la consiguiente de que, si se parte del respeto de los derechos indígenas, puede haber otras formas de desarrollo que se beneficien del conocimiento y cuenten con las aspiraciones de las comunidades amazónicas. Nada en este Proyecto se verifica, consulta ni contrasta. Todo es en él presunción. Y todo para él resulta una cadena de “errores” desde que se ha producido el rechazo de la mediación de las viejas misiones y sus indígenas trasculturalizados entrando en su lugar ONGs y otras huestes que promocionan en cambio “líderes sin estudios”, los que, según el Proyecto, tienen la responsabilidad de haber precipitado los acontecimientos.
A las comunidades indígenas mismas también se les imputa los efectos perversos de esa sustitución y, según siempre el Proyecto, suplantación de mediación y representación. “A este error han contribuido también los pueblos nativos. Estos deben saber que una cosa es la organización interna de las comunidades y el parentesco y otra cosa distinta son las relaciones del Estado con las comunidades nativas. Los Apus y los Curacas tienen poder y autoridad en lo referente a la comunidad pero para entenderse con el Estado deben dejar paso a los indígenas que han estudiado, quienes por su estudio pueden establecen un diálogo fructífero. Del mismo modo deben abandonar el criterio y el juicio de que los nativos son todos iguales, porque desde el momento en que unos han estudiado y otros no, ya que el que ha estudiado y puede entender a ambas partes, puede defender mejor a su comunidad”. Las comunidades indígenas deben en suma volver a la posición de subordinación propia del colonialismo, lo que el Proyecto no dice así por supuesto. ¿Quién ha hablado de democracia? ¿Quién habla de ciudadanía? No desde luego, respecto a indígenas, el Proyecto de la Ignominia debido a la Comisión de la Falsedad.
Hay misiones distintas a las viejas, a éstas que se ensalzan por mantener unas políticas de tracto colonial, le consta al Proyecto, pero forman facción, nos explica, con las nuevas instituciones mediadoras, los malos de esta ficción, los racistas para el racismo del Proyecto: “Las instituciones foráneas llegan a la selva con prejuicios de raza, de origen cultural y social, de nivel de desarrollo y de comprensión. Los antropólogos, las ONG, los petroleros y misioneros, se muestran superiores a los nativos, en conocimientos, en dinero, en ofertas y en posibilidades, debido a un racismo atávico”. En todo el Perú, sólo los miembros de la Comisión de la Falsedad dispuestos a suscribir el Proyecto de la Ignominia están libres de racismo. Sólo ellas y ellos conocen la verdad sobre el indígena: “Hay un falso concepto de hombre amazónico y, de aquí, un falso concepto de cultura, lo cual ha llevado a un error en el planteamiento de las relaciones con los indígenas amazónicos. Sobre todo ha habido un falso concepto de hombre, del ser del hombre. El orgullo de la sociedad occidental desprecia los valores de las culturas indígenas”. He aquí siempre el racismo imaginado en la superficie del espejo donde se refleja el racismo real, el que quiere recuperar e imponer la subordinación sustancialmente colonial. En tales términos extremistas de manipulación interesada no cabe ni siquiera un debate entre posiciones. La Falsedad y la Ignominia va a lo que va, al dominio de los recursos por medio de la trasculturalización de indígenas, y el resto del texto, todo él entonces, no es más que cháchara, pero cháchara agresiva y peligrosa.
Sin investigación propia digna del nombre, el Proyecto de la Ignominia elaborado por la Comisión de la Falsedad copiotea narrativas de aquí y de allá, sin más novedad que la de doblegarlas a su agenda de “desarrollo sostenible” sin participación indígena en la Amazonía. A la parte indígena el Proyecto ni siquiera le reconoce el derecho a la consulta que resulta obligada por el mandato del Convenio 169. Tan sólo se habla, en sede ya de recomendaciones, de que el Estado debe esmerarse en un “diálogo intercultural” a fin de ir creando, con la ayuda de políticas transculturalizadoras, las condiciones para celebrarse consultas desde el día en que por fin se logre un “código de comunicación”, esto es, puede entenderse, cuando todos y todas las indígenas se hayan transculturalizado. ¿Y qué ocurre mientras tanto con los derechos indígenas? ¿Han de esperar hasta ese momento? Así resulta. El planteamiento no puede ser más colonial.
He aquí la conclusión que puede extraerse del inminente Informe de la Ignominia de la Comisión de la Falsedad. Los indígenas, mientras que lo sean, lo que tienen son obligaciones para con el Perú y con la humanidad. Los derechos para sí mismos son cosas de los no-indígenas y de los indígenas cuando dejen de serlo: “La libertad y la felicidad de los nativos no deben concebirse en forma individual, ni solo del grupo étnico, sino desde la perspectiva del bien común de toda la familia humana, pensando que ya no está solo en la selva, sino al lado de otros grupos que tienen sus derechos”.
* Bartolomé Clavero es jurista e historiador español, especialista en historia del Derecho. Es catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en representación de los estados de la Unión Europea.
