Alberto Pizango denuncia que persecución e intento de ilegalizar AIDESEP frustarán diálogo con el Gobierno

Entrevista de Carlos Noriega - La Primera (27-10-2009)

ALBERTO PIZANGO
“El Diálogo con el gobierno debe cortarse”
Hace unos días, el ministerio de Justicia solicitó la disolución de Aidesep. Alberto Pizango, presidente de esa institución, en diálogo telefónico con LA PRIMERA desde Nicaragua, advirtió que esta medida precipitaría el fin del diálogo entre el gobierno y las comunidades indígenas y una reanudación de las protestas. También habló de su candidatura presidencial y otros temas.

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¿Qué consecuencias puede traer la solicitud del Ministerio de Justicia para disolver Aidesep en el diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno?
El gobierno está demostrando que es contrario los pueblos indígenas, que solamente reclaman su derecho a vivir dignamente. No es posible que el gobierno trate de callar a los pueblos indígenas disolviendo Aidesep. Los pueblos están muy indignados con esta situación. Si el gobierno tuviera voluntad real de solucionar los problemas, no estaría persiguiendo a los dirigentes, ni intentando disolver una organización fundada en 1980 que es la expresión legítima del movimiento indígena amazónico y merece un respeto grande.

¿El diálogo quedará suspendido por esta razón?
La decisión de cortar el diálogo está en este momento en evaluación (N. de R.: La entrevista fue hecha antes de que Aidesep diera un plazo para que el Ministerio de Justicia retire el pedido de disolución, y advirtiera que, de lo contrario, dejará el diálogo).

¿En su opinión, las comunidades indígenas deben retirarse del diálogo como respuesta al intento del gobierno de disolver Aidesep?
Yo creo que el diálogo debe cortarse, pero es el pueblo el que debe decidir. Nos sentimos engañados y defraudados por este gobierno. No ha habido respeto, ni la mínima intención de escuchar las demandas de los pueblos indígenas. Yo no creo que podemos seguir siendo engañados, con muy mala fe, por el gobierno. Por un lado, el gobierno invita al diálogo, pero, por otro nos ataca. Esto es un abuso más del gobierno. De esta forma no se puede dialogar.

¿Esto llevará a la reanudación del paro amazónico?
Yo no diría el paro amazónico; ahora la protesta es de nivel nacional, porque se trata de los derechos de todos los peruanos. Este intento de disolver Aidesep es una provocación del gobierno, frente a la cual los pueblos de todo el país, no sólo los amazónicos, vamos a salir en los próximos días a las calles a protestar, a defender nuestra vida, nuestra soberanía y nuestra dignidad. Será una protesta pacífica, porque queremos paz, no violencia. El Frente por la Vida y la Soberanía Nacional, que aglutina a las fuerzas populares y gremiales del país, movilizará esta protesta nacional.

¿Cómo marcha su candidatura presidencial?
Quiero ser muy claro en decir que yo simplemente soy la herramienta, el portavoz de los pueblos indígenas, y lo voy a seguir siendo. Si ellos me proponen para la candidatura presidencial, yo no puedo decir que no, porque ese sería un mandato que hay que respetar. Esta decisión dependerá no sólo de los pueblos amazónicos, sino de los pueblos originarios de todo el país. Sería una candidatura conjunta de los pueblos indígenas amazónicos y andinos.

¿Qué posibilidades electorales le ve a una candidatura del movimiento indígena?
Veo que hoy en día los pueblos están mucho más conscientes, y no solamente los pueblos indígenas, sino también los de la sociedad no indígena. Ya están cansados de gobiernos que los atropellan y que matan la vida. Analizando la propuesta de los pueblos indígenas, puedo decir que no se trata de una candidatura indigenista, sino de una candidatura de todos los peruanos. Los temas del buen vivir, de la armonía, de salvar el planeta, se están dando a nivel del mundo. En ese camino, los pueblos tienen la mejor opción.

¿Cuáles serían las principales propuestas de una eventual candidatura suya?
La lucha contra el calentamiento global y la defensa del planeta. Tenemos que ver cómo asegurar la vida de las futuras generaciones, a través de proyectos alternativos de desarrollo, manejando equilibradamente la Amazonía y todos los suelos.

¿La suya sería una candidatura ecológica?
Exactamente. El tema es ecológico. Eso es lo que están planteando los pueblos.

¿Una reivindicación histórica de la población indígena sería un tema central de su candidatura?
Más que una reivindicación histórica, sería una alternativa de vida, un plan para recuperar la dignidad de los peruanos.

¿Cómo ven la posible candidatura de Marco Arana, que también tiene una plataforma en la que destaca la defensa de la ecología?
Si esa propuesta encaja en lo que quieren los pueblos, me parece muy interesante.

¿Arana es alguien con quien ustedes se podrían entender en una alianza?
Hay que conversar y unir criterios para ver cuál es la mejor forma de seguir construyendo este espacio democrático para una vida digna, en el que los pueblos tengan la posibilidad de decidir. El objetivo es que los pueblos ganen.

¿Y cómo ve la posibilidad de una alianza con Humala?
Sobre ese posible acercamiento, en este momento no tengo una opinión que dar, ni a favor ni en contra.

Un problema para su eventual candidatura es que usted está con orden de captura y asilado en Nicaragua…

La justicia tarda pero llega, y en mi caso va a llegar. Estoy convencido que se va a llegar a la verdad de que todas las acusaciones que me hacen son falsas y que esto es una persecución política. Esto se va a tener que aclarar y van a tener que levantarme la orden de captura porque no hay ningún delito. Por eso, creo que muy pronto voy a regresar.

¿Y si no le levantan la orden de captura, qué hará?
No creo que no me levanten la orden de captura, porque no hay ningún argumento real para su existencia, pero si la justicia sigue siendo politizada y si no me levantan la orden de captura, voy a apelar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y veré la forma de regresar al Perú.

¿Está planeando regresar clandestinamente al país?
Tengo la intención de volver y voy a volver al Perú. Voy a regresar al país, pero no clandestinamente. Si no me levantan la orden de captura, igual voy a regresar, bajo el riesgo de ser apresado.

¿En cuánto tiempo se daría ese regreso?
Eso es algo que tendré que coordinar con los pueblos indígenas, que son los que van a decidir.

¿Qué opina de las declaraciones de Santiago Manuin, que lo ha criticado por haber pedido asilo en Nicaragua y exigió una renovación de la dirigencia de Aidesep debido a su ausencia del país?
Santiago Manuin es un hermano indígena al que respeto mucho. Aidesep tiene sus organizaciones regionales y solamente estas organizaciones pueden pedir, a través de sus dirigentes, una asamblea extraordinaria. Quienes están contra los pueblos indígenas y su organización aprovechan la situación para hacer preguntas de mala fe, para que hablen mal de Aidesep, y muchas veces algunos hermanos son confundidos y llevados a decir que estamos en contradicciones o a increparnos quién es valiente y quién no. Estas cosas no deberían darse. Respeto la opinión del hermano Santiago Manuin, que creo más adelante va ir entendiendo la situación y la estructura de Aidesep, que tiene una gran fortaleza.

¿Cómo ha afectado al movimiento indígena el descabezamiento de su dirigencia?
En un primer momento sintieron el vacío, pero inmediatamente se organizaron y comenzaron a trabajar con mucha fortaleza. Felizmente, los hermanos estaban preparados para afrontar este tema. Por eso es que no han podido dividir a la organización. Por el contrario, la organización está más fortalecida ahora.

¿La investigación por Bagua alcanza al presidente García?
Mientras el gobierno lanzaba una nueva ofensiva contra Aidesep, la principal organización de las comunidades indígenas amazónicas, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) presentaba en Lima su informe sobre los violentos sucesos de Bagua. Soraya Gutiérrez, abogada colombiana y vicepresidenta de la FIDH, comenta los principales puntos de este informe.

¿Qué responsabilidades ha determinado el informe de la FIDH sobre los violentos sucesos de Bagua?

El informe recoge la percepción de los funcionarios, las víctimas y dirigentes de las comunidades indígenas. Analiza las causas estructurales que llevaron a los hechos de Bagua, señala la necesidad que se determine quién ordenó el operativo policial en la Curva del Diablo y que se establezcan las responsabilidades por lo ocurrido. Hemos concluido que este operativo policial, que llevó a la pérdida de 33 vidas, estuvo mal planeado. El hecho que haya habido 84 heridos con armas de fuego, indica que la forma de represión de la movilización fue de extrema gravedad y que hubo disparos directos contra la población civil.

¿Cuál es el nivel de responsabilidad que tienen el presidente García y los ex ministros Simon y Cabanillas en las muertes ocurridas en Bagua?
Hay responsabilidad en el alto gobierno por esos hechos. Las responsabilidades no pueden quedar solamente en el comandante de la policía que estaba en el lugar. El Ministerio del Interior es el responsable del manejo del orden público y el presidente de la República es el comandante de las fuerzas militares y policiales y, por lo tanto, ahí también hay una responsabilidad. La investigación debe llegar a esos altos niveles.

El operativo policial en la Curva del Diablo se produjo a pesar de que la población indígena ya había anunciado a las autoridades su retiro pacífico. ¿Qué han respondido sobre esto las autoridades peruanas con las que se han entrevistado en estos días?
Las autoridades del gobierno con las que nos entrevistamos no han dado una respuesta a esa pregunta; han mantenido silencio.

Ustedes denuncian torturas contra los detenidos. ¿Qué torturas han podido comprobar?

Se ha comprobado que muchos detenidos fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos. Existen testimonios que señalan que varios detenidos fueron golpeados, amenazados con inyectarles sangre de los policías muertos. Hay abogados que señalan que recibieron testimonios de detenidos de que fueron inyectados. También se violó el debido proceso.

El informe recoge testimonios que hablan de decenas de muertos y desaparecidos. Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ningún desaparecido y la Defensoría del Pueblo asegura que no hay desaparecidos. ¿La FIDH no descarta la posibilidad de que existan desaparecidos?

El informe dice que hay versiones contradictorias sobre la magnitud de los hechos. El informe de la Defensoría que señala que no existen desaparecidos, da cuenta de unas 180 comunidades de las más de 300 comunidades que participaron en la movilización. Eso preocupa. Todavía se requiere avanzar más en la investigación para determinar si hay o no desaparecidos. La posibilidad de la existencia de desaparecidos sigue siendo un tema abierto. Hay hipótesis que dicen que las comunidades regresaron a sus lugares y no presentaron denuncias por temor a la estigmatización y judicialización que se dio. Investigar esto es parte de la responsabilidad tanto de la Comisión del Congreso como de la Comisión formada por las mesas de diálogo para investigar estos hechos.

¿Cómo observan la actuación del Poder Judicial en este caso?
Nos preocupa que la investigación del Poder Judicial se haya enfocado en la actuación de las comunidades indígenas y exigimos que se investigue todo lo ocurrido para llegar a un esclarecimiento integral, que significa establecer también responsabilidades de parte del gobierno en los hechos. Si hubo actuaciones irregulares de la fuerza pública, eso también debe ser investigado por las autoridades.

En el título del informe de la FIDH se señala: “Urge abrir un diálogo de buena fe”. ¿Cree que el gobierno está actuando de buena fe en su diálogo con las comunidades indígenas?
Situaciones como la judicialización de los dirigentes de Aidesep o el pedido de disolver esta organización, ponen en riesgo el proceso de diálogo y muestran que en el fondo no habría buena fe ni voluntad real del gobierno para esclarecer los hechos ocurridos en Bagua y dar respuestas de fondo a las peticiones de las comunidades indígenas. Hay mensajes del gobierno que no contribuyen a crear un clima de buena fe. Hacemos un llamado para que el presidente García rectifique la estigmatización y las acusaciones que ha hecho contra las comunidades indígenas, que alimentan la discriminación.

¿Qué les han respondido las autoridades del gobierno ante este pedido para que el presidente García se rectifique?
Algunos funcionarios nos han dicho que el gobierno ya se ha rectificado y que las mesas de diálogo son una forma de avanzar en ese proceso. Otros han dicho que las comunidades indígenas también deberían pedir perdón por lo ocurrido en Bagua. Hemos notado un ambiente de polarización y de tratar de resolver el tema de Bagua, que es muy grave, como si fuera el principio del problema, cuando no es el principio sino la consecuencia de una política de exclusión y discriminación contra las comunidades indígenas, de la falta de una política pública para proteger los derechos de las comunidades indígenas y de la ausencia de voluntad del gobierno de cumplir con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano de respeto a los derechos de los indígenas.

Carta de saludo a la alternativa electoral andina amazónica costeña presidida por Alberto Pizango

La presente carta viene circulando con la finalidad de recoger los saludos a la postulación de una alternativa electoral de los pueblos y organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y populares para los procesos del 2010 y 2011, presidida por el líder amazónico Alberto Pizango Chota, actualmente exiliado en Nicaragua a causa de la persecución política del régimen aprista. El Movimiento Cumbre de los Pueblos llama a firmarla para ayudar a superar la exclusión histórica de los pueblos originarios en el sistema político de nuestro país.

Bienvenidos Alberto Pizango y Perú Plurinacional

Alberto Pizango, Presidente de AIDESEP; Mario Palacios, Presidente de CONACAMI; Miguel Palacín, Coordinador de CAOI y el Movimiento Cumbre de los Pueblos, han anunciado la decisión de unir fuerzas para presentar propuestas políticas y una alternativa electoral de los pueblos indígenas, del campo y la ciudad y de los trabajadores desde el Partido Perú Plurinacional, previa consulta y resolución de las organizaciones comunitarias.
Más allá de las simpatías políticas de los suscritos, consideramos que este hecho significa una oportuna respuesta a la necesidad de renovar el debate nacional, lo que permitirá revitalizar la anquilosada democracia, dando paso a nuevas ideas que emergen del Perú profundo, entre las cuales destacamos: *Territorialidad, Soberanía, Bienes Naturales y Derechos Colectivos como Pueblos; *Estado Plurinacional Comunitario; *Buen Vivir Amazónico y Andino; *Defensa de la Vida, la Humanidad y la Madre Tierra, no a su privatización y Alto a la Criminalización y por Amnistía a sus Defensores; *Consulta y Consentimiento Previo y Vinculante; *Agua como Derecho Humano; *Autogobierno y Libre determinación comunitaria; *Educación, Salud y Justicia Interculturales.
Estas y otras ideas renovadoras se suman al clamor por un nuevo pacto social y constitucional que supere los candados neoliberales de la Constitución fujimorista de 1993, que están agravando la subasta y saqueo nacional, la conflictividad social y llevando al país a la descomposición política e institucional sin precedentes.
Por todo ello, bienvenidos Alberto Pizango y demás líderes y lideresas amazónicos, andinos, costeños y urbanos, a la construcción política de nuevas esperanzas para un país en tan larga espera, y que la tenacidad y sabiduría de los pueblos y comunidades ayude a encontrar las convergencias coherentes y consecuentes.
15 de octubre del 2009
Nombre y Firma

Entre el Suma Qamaña y China, disyuntiva de Evo Morales y el nuevo Estado Plurinacional

CUENTA ATRÁS EN BOLIVIA

100 días para las elecciones y oportunidad para romper el empate catastrófico

Katu Arkonada *
El próximo 6 de diciembre se celebrarán unas importantes y cruciales elecciones en Bolivia. En algunos municipios habrá hasta 4 urnas para 4 diferentes votaciones. Por un lado se celebran elecciones para elegir al próximo presidente y vicepresidente de Bolivia. Además, se votará la composición de la Asamblea Plurinacional, la primera nacida tras la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Por si fuera poco, en algunos municipios, habrá referéndums para convertirse en caso de aprobación en autonomía indígena (campesina originaria). Y, finalmente, en 5 de los 9 departamentos del país habrá referéndums por la autonomía departamental.
ELECCIONES PRESIDENCIALES
Nadie duda de que el combo de Evo Morales Ayma como presidente y Álvaro García Linera como vicepresidente, que en los últimos días está siendo avalado y respaldado por numerosos movimientos sociales, vaya a ganar las próximas elecciones. La duda estriba en si alcanzara el 50% de la mayoría absoluta (en las primeras elecciones que ganaron en 2005 alcanzaron el 53.7% de los votos) pero con seguridad obtendrán un respaldo superior al 40%, mientras que no hay ningún candidato de la oposición que hoy en día aglutine más de un 10% de intención de voto.
ELECCIONES PARA LA ASAMBLEA PLURINACIONAL
La Asamblea Plurinacional a conformarse tras las próximas elecciones, y de acuerdo a la nueva Constitución Política del Estado aprobada el pasado enero en referéndum con más del 60% de votos favorables, estará compuesta por 166 miembros, 36 senadores (4 por cada uno de los 9 departamentos de Bolivia) sumados a 130 diputados, 7 de los cuales de representación directa para los pueblos indígenas de Bolivia, formados por 36 nacionalidades.
Si bien las presidenciales parecen encarriladas, aquí es donde está la pelea, pues actualmente la oposición de PODEMOS controla el Senado, restando gobernabilidad a Bolivia y bloqueando la mayor parte de las leyes propuestas por el MAS que buscan cambios y transformaciones estructurales en Bolivia. De ahí el cambio también de tener 3 senadores por departamento a 4, cambio con el que el MAS espera tener hegemonía también en la cámara de senadores.
El 7 de septiembre termina el plazo para inscribir a los candidatos a diputados y senadores ante la Corte Nacional Electoral, por parte de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. A su vez la Asamblea Plurinacional será la encargada de designar las nuevas autoridades del Poder Judicial, que se encuentra en una situación de indefinición y vacío después de la renuncia en los últimos años de cinco magistrados del Tribunal Supremo.
REFERÉNDUMS AUTONÓMICOS
Aunque la ley marco de autonomías no ha sido aprobada todavía, y está en proceso de elaboración, como experiencia piloto habrá varios municipios en Bolivia que votarán si quieren pasar a convertirse en autonomías indígenas. La lista no está cerrada, pero serán aproximadamente 10 municipios los que pasarán a transformarse en autonomías.
Por otro lado, y después del giro dado por el MAS en el tema de la autonomía, en un principio impulsada y aprobada en los departamentos de la “Media Luna” (Santa Cruz, Beni, Tarija y Pando), pero que el MAS en una maniobra que ha dejado sin argumentos a la oposición, ha asumido como bandera, y en los departamentos en los que el NO (impulsado por el MAS) a la autonomía ganó en el referéndum de junio del 2006 (La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca), habrá referéndums autonómicos en los que se espera que esta vez gane el SÍ impulsado por el Gobierno, convirtiendo el Estado Plurinacional de Bolivia en un estado de 9 autonomías departamentales.
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO (MAS)
En Bolivia se da una fórmula curiosa, pues el MAS es la sigla que fue adoptada por los movimientos sociales, el IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos) para poder concurrir a las elecciones. Pero por encima de las estructuras políticas tradicionales, de herencia colonial, son los movimientos sociales, y concretamente el Pacto de Unidad, quienes sustentan el Gobierno de Evo Morales. El Pacto de Unidad está conformado por 5 organizaciones, CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), CNMCIOB “BS” (Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas y Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”), CSCIB (Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia), CONAMAQ (Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu) del altiplano y CIDOB (Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia) de tierras bajas.
Se puede decir que han cumplido el programa electoral con el que se presentaron a las elecciones, con la nacionalización de los hidrocarburos (motivo que provocó la revuelta del 2003 y la masacre en El Alto que terminó con la huida a EE.UU. del presidente Sánchez de Losada) y con la emisión de bonos para repartir las regalías generadas por las riquezas naturales bolivianas al pueblo boliviano. Entre los principales bonos podemos destacar el Juancito Pinto, por el que los escolares y las familias por extensión que completan su curso escolar (en Bolivia el índice de ausencia escolar era altísimo) reciben 200 bolivianos, incentivando la escolarización. El bono Juana Azurduy que entrega a las madres embarazadas 200 bolivianos por las cuatro revisiones prenatales, 120 por el parto y otros 125 bolivianos por cada control médico hasta que el niño cumple los 2 años, incentivando de esta manera el cuidado de los niños desde antes de su nacimiento y garantizando una alimentación adecuada en sus primeros años de vida. También importante es el bono Renta Dignidad, para garantizar una vejez mínimamente digna a aquellas personas mayores que no disponen de recursos, aunque hayan trabajado durante toda su vida.
En los últimos tiempos ha habido algunos escándalos de corrupción que han afectado al MAS, siendo el más notorio el de Santos Ramírez, ex presidente de YPFB y hombre fuerte del MAS y de la confianza de Evo, encarcelado actualmente bajo acusaciones de estafa de varios millones de dólares. Asimismo el reciente traslado de colonos a tierras deshabitadas de Pando está recibiendo acusaciones de ser motivado para crear zonas de voto fiel al MAS en departamentos donde la balanza le es desfavorable tradicionalmente.
OPOSICIÓN
Objetivamente, se puede hablar de una oposición totalmente fragmentada y a la defensiva tras varios escándalos en el último año. Como elementos principales tenemos la masacre ocurrida en el departamento de Pando hace un año, en septiembre del 2008, cuando fuerzas vinculadas al prefecto opositor de Pando, Leopoldo Fernández (actualmente en prisión por estos hechos), emboscaron una marcha de campesinos dejando un saldo de más de 30 muertos y decenas de heridos. Asimismo, otro hecho destacable es la desarticulación en abril de este año por parte de la Policía Nacional en Santa Cruz de la Sierra, el oriente boliviano y centro neurálgico de la Media Luna, de un comando formado por mercenarios forjados en la guerra de los Balcanes, con Eduardo Rozsa a la cabeza, muerto en el tiroteo que precedió a la detención del comando, y que tenían como objetivo atentar contra Evo Morales y diversos objetivos del Gobierno Boliviano, creando un clima de desestabilización, de guerra civil, como así lo demuestran los numerosos documentos y armas de guerra incautas. Se está investigando quién financió este grupo, pero las informaciones preliminares apuntan a grupos de poder radicados en Santa Cruz.
Asimismo, ningún candidato cuenta con un respaldo que supere el 10% y parece difícil, por los diferentes intereses y tendencias políticas, la unión en un frente común, cuyo único programa político seria sacar a Evo del gobierno. Entre los principales candidatos opositores están Víctor Hugo Cárdenas, vicepresidente de Sánchez de Losada por el MNR, Jorge Tuto Quiroga (ADN), ex presidente de Bolivia entre el 2001 y 2002 y representante de la derecha tradicional, así como Samuel Doria Medina (MIR), todos ellos estigmatizados por buena parte de la población por ser parte de los viejos partidos tradicionales, anquilosados y corruptos bolivianos. Otros nombres son Manfred Reyes, ex prefecto de Cochabamba destituido tras referéndum revocatorio y con más apoyo en Santa Cruz que en su propia ciudad, o Germán Antelo, probable candidato del Comité “cívico” pro Santa Cruz.
POSIBILIDADES
Las posibilidades que se abren después de diciembre y tras la previsible victoria de Evo y el MAS son grandes. Si bien García Linera, en su discurso de toma de posesión como Vicepresidente y con referencias a Gramsci, acuño el termino “deshaciendo el empate catastrófico” y las posibilidades que se abrían en Bolivia, realmente estos 4 últimos años no han servido para deshacer ese empate. Por la debilidad del MAS como partido político, o la inexperiencia de los movimientos sociales para gobernar un país cuyas estructuras coloniales cuentan con sólidos y poderosos anclajes, así como el control y bloqueo por parte de la oposición de PODEMOS del senado, que no han permitido avances claros, reformas estructurales más allá de las soluciones temporales (y necesarias) como los bonos mencionados anteriormente.
Pero una victoria clara del MAS y el control de la Asamblea Plurinacional sí permitiría deshacer claramente el empate y avanzar en la ardua tarea de la descolonización del Estado, desde la educación hasta las políticas públicas, y enfrentar cambios radicales, quizás conflictivos, pero seguramente necesarios, en la estructura del Estado, todo ello unido a una política clara de transparencia y control social impulsada por un Ministerio de Transparencia sin precedente en el mundo.
Un reto no menos importante es el de pasar de la teoría a la práctica, y tras la introducción en la nueva Constitución Política del Estado del concepto indígena del Buen Vivir, Suma Qamaña en su expresión aymara o Sumak Kawsay en la quechua, pero que también cuenta con conceptos similares como el Ñande Reko (vida armoniosa) guaraní, pasar a la práctica y su implementación en las políticas públicas impulsadas por las instituciones, empezando por los diferentes ministerios.
RIESGOS
Una posible lectura de una victoria amplia del movimiento social es el riesgo de una acomodación en el poder, si bien ya se da una cooptación de los movimientos sociales por parte del Gobierno, una segunda legislatura podría incidir en esa desmovilización y falta de crítica.
Un ejemplo claro es la política del MAS respecto al movimiento indígena, con un IIRSA, megaplan de infraestructuras que construye carreteras que pasan por encima de comunidades indígenas, y que en la práctica solo van a servir para que las riquezas de la amazonía brasileira (y boliviana) salgan hasta el Pacífico peruano y de ahí lleguen a China de una manera más rápida y cómoda, pero que no dejan ningún beneficio real, ni en Bolivia, ni mucho menos para las comunidades afectadas, pero que, impulsados estos planes por Brasil o Venezuela, el gobierno boliviano impulsa sin una política de desarrollo clara, definida, sostenible y de respeto a los pueblos indígenas. Lo mismo podemos decir de la falta de respeto al Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas en lo que respecta al derecho a la consulta a las comunidades para los diferentes proyectos hidrocarburiferos.
CONCLUSIÓN
En definitiva, y tomando prestada la comparación del querido Boaventura do Souza Santos, el movimiento en general se enfrenta a la disyuntiva Suma Qamaña vs China, y ahí Bolivia juega un papel importante, como laboratorio donde se están gestando actualmente los mayores avances del continente, como espejo para otros procesos y el movimiento social en general. Esperemos que las elecciones que se celebrarán en 100 días sirvan para deshacer verdaderamente el empate catastrófico y avanzar en la construcción de un verdadero Estado Plurinacional y del Buen Vivir.
*Katu Arkonada trabaja como investigador y analista para el centro de estudios boliviano CEADESC (Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

Autoridades de La Perla y policía reprimen a participantes del Encuentro Nacional de Víctimas de la Contaminación Minera

COMUNICADO URGENTE DE CAOI

Minga Global por la Madre Tierra: 12 al 16 de octubre
COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Perú: Policía reprime Encuentro Nacional de Víctimas de la contaminación minera

Autoridades municipales cortaron Internet y la corriente eléctrica antes de que decenas de policías rodearan la sede del gobierno local de La Perla, donde se iba a realizar evento organizado por CONACAMI Perú.

La criminalización de los derechos indígenas y sociales por parte del gobierno de Alan García y sus aliados está superando todos los límites. La mañana de hoy, decenas de policías rodearon la sede de la Municipalidad distrital de La Perla (Callao) para impedir la realización del I Encuentro Nacional de Víctimas por Metales Tóxicos de la Actividad Minera, organizado por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Coordinadora Regional del Medio Ambiente y la Vida (CREDEMAV) para hoy y mañana.
Felipe Cortez Zeballos, Secretario del Medio Ambiente de CONACAMI y vicepresidente de CREDEMAV, señaló que las coordinaciones con la Municipalidad Distrital de la Perla estaban realizadas con la suficiente anticipación y todo estaba listo para el inicio del Encuentro Nacional. Sin embargo, la mañana de hoy, mientras un centenar de delegados de distintas regiones del país estaban ya dentro del Auditorio Municipal y otros tanto se estaban inscribiendo para ingresar, empezaron las agresiones con el corte de los servicios de Internet y fluido eléctrico.
Luego, el funcionario municipal Juan Carlos Urraca (teléfono 999270089) les comunicó simplemente que no podían usar el Auditorio, mientras que el alcalde de La Perla, Pedro López, “desaparecía” y era inubicable. “Mientras intentábamos coordinar con las autoridades municipales, decenas de policías rodeaban la sede municipal, junto con alrededor de veinte agentes del serenazgo municipal”, añadió Cortez Zeballos.
Estas acciones demuestran hasta dónde llega el poder de las empresas mineras en el Perú y cómo digitan a algunas autoridades. Aunque los participantes en el I Encuentro Nacional de Víctimas por Metales Tóxicos de la Actividad Minera inicialmente se negaban a abandonar el Auditorio Municipal, fueron convencidos de hacerlo por los dirigentes de CONACAMI y CREDEMAV, para evitar hechos lamentables; hicieron una breve manifestación en la Plaza de Armas de La Perla y se dirigieron hacia la Casa del Maestro, ubicada en Paseo Colón 215, Cercado de Lima, donde desarrollarán el evento.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas condena esta agresión a CONACAMI Perú, su organización fundadora, y a CREDEMAV, y reitera su exigencia al gobierno de Alan García de poner alto a la criminalización de nuestras organizaciones y nuestros derechos.
Lima, 4 de septiembre de 2009.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI

ONU demanda que Chile no aplique Ley Antiterrorista a Mapuches

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial recomienda a Presidenta Bachelet no criminalizar demandas indígenas

La revisión de la norma que ha aplicado Chile contra el pueblo indígena Mapuche, para criminalizar sus protestas sociales, fue una petición hecha este viernes por el Comité para la Eliminación de la Discriminació n Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Comité se refirió a la llamada Ley Antiterrorista, que "ha sido aplicada principalmente a miembros del pueblo Mapuche, por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales", según el dictamen emitido este viernes por ese órgano de la ONU en Ginebra, Suiza.
"El Comité recomienda (a Chile) que revise la Ley Antiterrorista 180.314 y se asegure de que esta sea únicamente aplicada a los delitos de terrorismo que merezcan ser tratados como tales" y que "no sea aplicada a miembros de la comunidad Mapuche por actos de protesta o demanda social", insiste el documento.
Compuesto por 17 expertos independientes el Comité vigila el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminació n Racial, sometiendo a exámenes a los países que la han ratificado y emitiendo observaciones de cumplimiento obligatorio, como ahora con Chile.
Al resaltar las denuncias de abusos y violencia ejercida por parte de los carabineros, que ocasionaran la muerte de los comuneros mapuches Matías Valentín Catrileo Quezada y José Facundo Mendoza Collio, el Comité pide que se "investiguen las quejas" y "que sean enjuiciadas y sancionadas las personas responsables de dichos actos", con reparación de las víctimas y sus familiares.
El Comité además exhortó a Chile que tome "las medidas necesarias para acelerar el proceso de restitución de las tierras ancestrales a los pueblos indígenas", precisando que se reconozcan sus derechos "sobre tierras y recursos naturales", de acuerdo a las normas internacionales.
En ese contexto indica que los pueblos indígenas deben dar un consentimiento "antes de la ejecución de proyectos de extracción de recursos naturales" en dichas tierras.
En referencia a la instalación de basurales y plantas de aguas servidas dentro de las comunidades mapuches, el Comité exhorta a Chile a solucionar "los impactos ambientales" , realizando "estudios científicos de evaluación", acompañados de una adecuada legislación para que primen los derechos de los pueblos indígenas "por encima de los intereses comerciales y económicos".
Dada la "lentitud" en las "consultas" para la "reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas", que actualmente se debate en Chile, el Comité espera que el gobierno "intensifique sus esfuerzos para acelerar el proceso" y que "lleve a cabo una consulta efectiva con todos los pueblos indígenas".
En virtud de "episodios de discriminació n y agresiones violentas contra indígenas y migrantes", perpetrados "entre otros por grupos totalitarios el Comité le solicita a Chile acelerar esfuerzos para adoptar el proyecto de ley que establece medidas contra la discriminació n y que penaliza actos discriminatorios" .

TeleSUR - 28 agosto 2009